EL PASO, TEXAS — A solo unos meses de cerrar el año fiscal 2025, autoridades del condado de El Paso han revelado que enfrentan un déficit presupuestario de aproximadamente 18 millones de dólares. Parte de esta crisis financiera se debe, según funcionarios locales, a que el estado de Texas impone obligaciones legales sin proporcionar los fondos necesarios para cumplirlas.
El juez del condado de El Paso, Ricardo Samaniego, explicó que los recortes estatales han afectado especialmente al sistema carcelario local.
“Teníamos fondos que recibíamos muy fuertes federales para los que están en la cárcel, como 103 dólares, y el estado no nos paga nada. Cuando hay un crimen del estado, recibimos cero dinero de ellos. Entonces, es muy difícil para nosotros. El año pasado, creo que perdimos 25 millones de dólares,” declaró Samaniego.
Aunque se contempló la posibilidad de aumentar los impuestos a la propiedad, tanto Samaniego como los comisionados del condado indicaron que esta opción no es viable, y que esperan mantener el porcentaje actual sin cambios.
La comunidad también ha manifestado su preocupación ante cualquier posible aumento fiscal. Marco Fuentes, residente de El Paso, expresó su frustración:
“Ya pagamos muchos impuestos en las propiedades. Yo tengo 65 años y pagué mi casa por 30 años, y siempre pagué impuestos. Y todavía, después de que pagué mi casa y me retiré, me siguen cobrando impuestos. Estoy pagando casi $4,000 de impuestos.”
Ante este panorama, los funcionarios del condado están analizando diversas estrategias para reducir gastos sin afectar directamente a los servicios esenciales. Una de las medidas más inmediatas sería congelar las contrataciones.
“Estamos viendo la posibilidad de congelar los puestos. Por ejemplo, si hay un puesto vacante, no lo vamos a llenar hasta que tengamos los recursos para hacerlo. Estamos revisando la parte operativa, no queremos cortar los puestos que existen,” concluyó Samaniego.
Las autoridades continúan buscando soluciones financieras con la esperanza de equilibrar el presupuesto antes de que finalice el año fiscal y así evitar afectar programas comunitarios prioritarios.
