Debido a los rumores del posible regreso del programa “Permanecer en México” de los Protocolos de Protección a Migrantes (MMP, por sus siglas en inglés), organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos exhortaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a rechazar la política migratoria de Estados Unidos que devolvería a las personas solicitantes de asilo a esperar sus audiencias en México.
“Advertimos que el MPP constituye una política de externalización del control migratorio y de coerción por parte del Gobierno de Estados Unidos, al transferir responsabilidades internacionales de protección a un país que no ha garantizado condiciones adecuadas de seguridad, protección ni acceso a derechos para las personas devueltas. Esta práctica resulta contraria a los principios de cooperación internacional, no devolución y al derecho internacional de las personas refugiadas”, señalaron.
El comunicado firmado por más de cien organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos de México, Estados Unidos y distintos países de Latinoamérica, entre los que se encuentran Hope Border Institute (Instituto Fronterizo Esperanza), el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Sin Fronteras, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), también está dirigido a Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, y a Sergio Salomón Céspedes, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM).
Durante la primera implementación del también llamado “Quédate en México”, entre 2019 y 2021, aproximadamente 70 mil personas fueron devueltas a México por hasta dos años, sin que existieran medidas adecuadas para atender su situación de especial vulnerabilidad, sus necesidades específicas ni garantizar el respeto a sus derechos humanos, relata el documento.
“Esta falta de salvaguardas dejó a miles de personas sin acceso efectivo a derechos básicos como la salud, la educación de niñas y niños, y el trabajo formal. Diversos organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil documentaron que una de las principales consecuencias de esta política fue la exposición sistemática de las personas retornadas a redes del crimen organizado en distintas regiones del territorio mexicano, colocándolas en un estado de indefensión frente a ambos países”, agrega.
De acuerdo con la documentación de las organizaciones, entre las violaciones más graves se registraron hechos de violencia, secuestros y desapariciones forzadas, quemaduras con ácido, fracturas y palizas, así como múltiples formas de violencia basada en género, en particular violencia y abuso sexual contra mujeres y niñas de todas las edades.
“Si bien el MPP fue suspendido durante la administración estadounidense anterior (de Joe Biden), una orden judicial federal de ese país permitió su reinstalación, lo que derivó en que, entre diciembre de 2021 y agosto de 2022, otras siete mil 505 personas solicitantes de asilo fueran devueltas a México bajo este programa, lo cual derivó nuevamente de violaciones a los derechos humanos”, recordaron.
Regreso de Trump
En 2025, con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, se emitió la orden ejecutiva titulada “Asegurando nuestras fronteras”, la cual introdujo cambios en las políticas de control fronterizo que priorizan medidas de detención y disuasión, como el restablecimiento del MPP. La reactivación del MPP fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, aunque sin especificar una fecha para el reinicio formal de sus operaciones.
Posteriormente, en julio de 2025, un juez de Distrito determinó que la actual administración estadounidense podría reanudar parcialmente el programa mientras el tribunal evaluaba sus argumentos, lo que abría la posibilidad de que el DHS retornara a ciertas personas a México bajo dicho esquema. Sin embargo, esta resolución fue impugnada por organizaciones de la sociedad civil y el caso continúa en litigio.
Aunque autoridades de ambos países sólo han mencionado que hasta el momento se trata de un “rumor” no confirmado, en días recientes se ha dicho que Estados Unidos podría retomar las deportaciones en el marco del MPP, incluyendo perfiles de alto riesgo, como familias con niñas, niños y adolescentes detenidos en el interior del país o con procesos migratorios en curso, y no únicamente personas ubicadas en la frontera con México.
“El Estado mexicano tiene la obligación constitucional e internacional de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna.
La reimplementación del MPP podría resultar incompatible con estos compromisos y con una política migratoria basada en el humanismo, los derechos humanos y un enfoque interseccional”, denunciaron.