BLOQUEAN INDAGATORIA DE PADRES DE MENORES TRANS

Un juez estatal impidió que la agencia de protección infantil de Texas investigara a los padres de un adolescente transgénero que recibió atención médica de afirmación de género, citando la “lesión irreparable” que probablemente sufrirían. El fallo de la jueza de distrito, Amy Clark Meachum, no impide que la agencia abra investigaciones sobre otras familias en situaciones similares.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y Lambda Legal presentaron una demanda que impugnaba estas investigaciones en nombre de una empleada estatal, su esposo y su hijo de 16 años, que recibieron tratamiento de afirmación de género, además de la doctora Megan Mooney, psicóloga que trabaja con adolescentes trans.

Meachum considerará emitir una orden judicial estatal que bloquee tales investigaciones a todos los padres de niños trans el 11 de marzo.

“Agradecemos el alivio otorgado a nuestros clientes, pero esto nunca debería haber sucedido y es increíblemente cruel”, dijo Brian Klosterboer, abogado de la ACLU de Texas, en un comunicado. “Las familias no deberían tener que temer ser separadas porque están brindando la mejor atención médica posible a sus hijos”.

Esta demanda sigue a una serie de acciones por parte de funcionarios estatales que equiparan cierta atención médica que afirma el género con abuso infantil.

 A fines de febrero, en respuesta a una pregunta de un legislador estatal, el fiscal general Ken Paxton emitió una opinión legalmente no vinculante en la que afirmaba que el uso de medicamentos que bloquean la pubertad y cirugías de afirmación de género, que rara vez se realizan en niños, podrían constituir abuso infantil bajo el Código de Familia de Texas.

Unos días después, en una carta, el gobernador Greg Abbott ordenó al Departamento de Familia y Servicios de Protección de Texas que abriera investigaciones sobre los padres que pudieran haber brindado tal cuidado a sus hijos.

“Debido a que el Departamento de Familia y Servicios de Protección de Texas (DFPS) es responsable de proteger a los niños del abuso, por la presente ordeno a su agencia que realice una investigación rápida y exhaustiva de cualquier caso informado de estos procedimientos abusivos en el estado de Texas”, escribió Abbott. 

En una declaración ese mismo día, la comisionada del DFPS, Jaime Masters, dijo que el departamento “seguiría la ley de Texas” como se establece en la opinión del fiscal general.

La ACLU y Lambda Legal representan a un empleado del DFPS que se ha encargado de investigar estos casos. El empleado, que es anónimo en la demanda, tiene un hijo transgénero.

Cuando la empleada le pidió a su supervisor que le aclarara cómo el DFPS implementaría esta nueva directiva, la suspendieron, dijo la demandante. Dos días después, un investigador de los Servicios de Protección Infantil visitó a la familia y entrevistó a los padres y al niño.

“El investigador de CPS reveló que la única acusación contra Jane Doe y John Doe es que tienen una hija transgénero y que a su hija se le pudo haber brindado atención médica médicamente necesaria para reafirmar su género”, dice la demanda.

El abogado de Lambda Legal, Paul Castillo, dijo que estaba al tanto de al menos otras dos familias, además de los Doe, que han sido contactadas por el DFPS para iniciar investigaciones. Y el efecto escalofriante para los padres de niños trans ha sido inmenso, dijo.

“Las familias aparte de (los investigados) dejarán de cuidar”, dijo. “Como resultado de esta orden… los proveedores médicos han dejado de prestar atención en términos de recetas a los niños transgénero porque la amenaza de seguir brindando… el daño es muy grande”.

En la audiencia del miércoles, un abogado del estado argumentó que la carta del gobernador se ha malinterpretado para implicar que todos los padres que brinden atención de afirmación de género serían investigados por el DFPS.

La opinión del fiscal general tenía la intención de mostrar “no que los tratamientos de afirmación de género sean necesariamente o per se abusivos, sino que estos tratamientos, como prácticamente cualquier otro implemento, podrían ser utilizados por alguien para dañar a un niño”, dijo el fiscal general adjunto, Ryan Kercher.

Kercher argumentó que la carta de Abbott simplemente aclaraba una “preocupación” de que los tratamientos de afirmación de género nunca podrían considerarse abuso infantil.

Meachum cuestionó ese argumento y preguntó cuán común es que el gobernador emita directivas como esta al DFPS. Kercher dijo que no lo sabía.

Meachum podría haber bloqueado estas investigaciones en todo el estado el miércoles, pero en cambio programó una audiencia para el 11 de marzo. Los abogados de los demandantes dijeron que su fallo los dejó optimistas sobre la próxima audiencia.

“La lucha de la próxima semana será presentar pruebas y testigos para mostrar el daño de esta horrible política”, dijo Currey Cook, asesor principal de Lambda Legal. “Porque sabemos que éste no es sólo la doctora Mooney, no es sólo esta familia la que está en este aprieto imposible”.

Cook dijo que el desafío será encontrar familias que estén dispuestas a testificar, considerando la cultura del miedo que esta nueva política ha creado entre los padres de niños trans. Cook dijo que han escuchado de familias que están considerando mudarse fuera del estado en lugar de suspender el tratamiento médico o enfrentar una investigación.

“La gente tiene raíces, trabajos, escuela y conexiones”, dijo. “Sólo quieren sentirse bienvenidos en el lugar al que llaman hogar”. 

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