OBTIENE VICTORIA EL SENADOR TED CRUZ

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el lunes una ley federal que limitaba la cantidad de dólares de campaña que los candidatos políticos podían usar para pagarse ellos mismos el dinero que prestaron personalmente a sus campañas, lo que le dio una victoria al senador federal texano Ted Cruz, quien impugnó la restricción.

El tribunal superior de la nación dijo en un fallo de 6-3 que la ley de 2002 –que establece un tope de 250 mil dólares recaudados después de una elección para pagar los préstamos que los candidatos dieron a sus propias campañas antes del día de las elecciones–, violó la Primera Enmienda, con la opinión mayoritaria diciendo que “carga el discurso político central sin la justificación adecuada”. Los tres jueces liberales de la Corte votaron en contra.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, dijo en la opinión de la mayoría de la Corte que no permitir que los candidatos puedan recuperar completamente sus fondos más allá del límite podría generar menos mensajes de campaña.

“Ese riesgo, a su vez, puede disuadir a algunos candidatos de prestar dinero a sus campañas cuando de otro modo lo harían, reduciendo la cantidad de discurso político”, escribió Roberts.

Cuando Cruz luchaba por primera vez por su lugar en el Senado de los Estados Unidos, se enfrentó al entonces vicegobernador David Dewhurst, un opositor rico y más conocido. Así que Cruz prestó a su campaña de 2012 más de $1 millón para cerrar la brecha.

Debido a la ley federal de 2002 anulada el lunes, nunca pudo recuperar $545 mil de ese préstamo, lo que lo llevó a explorar opciones para anular el límite.

Durante su campaña de 2018, Cruz se prestó 260 mil dólares, un día antes de ganar la reelección, superando intencionalmente con $10 mil el límite legal de pago para tener motivos para demandar a la Comisión Federal de Elecciones y tener argumentos contra la ley.

El equipo de Cruz elogió la decisión de la Corte el lunes y dijo que permitiría que los candidatos menos ricos siguieran siendo competitivos.

“La decisión de 6-3 de hoy en la Corte Suprema es una victoria rotunda para la Primera Enmienda”, dijo un portavoz de Cruz en un comunicado. “El senador Cruz está complacido de que la Corte Suprema dictaminó que la ley existente impuso una restricción inconstitucional a la libertad de expresión que benefició injustamente a los políticos en los cargos y a los super ricos. Esta decisión histórica ayudará a vigorizar nuestro proceso democrático al facilitar que los retadores se enfrenten y derroten a los políticos de carrera”.

Los jueces Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor no estuvieron de acuerdo con la opinión de la mayoría conservadora de eliminar el límite.

Kagan escribió en su disidencia que cuando los candidatos políticos están recuperando dinero de un préstamo personal que hicieron a su campaña, la dinámica de las contribuciones cambia porque el dinero va directamente a los bolsillos de los políticos, a diferencia de los dólares de campaña tradicionales. Alegó que la derogación de la norma permite que los legisladores cobren directamente y, a cambio, puedan ofrecer favores políticos.

“El político está feliz; los donantes están felices. El único perdedor es el público”, escribió Kagan sobre el nuevo arreglo. “Inevitablemente sufre de corrupción gubernamental”.

La decisión se alinea con una larga historia de conservadores que dicen que las contribuciones de campaña equivalen a discurso político y, por lo tanto, no deben restringirse.

Campaign Legal Center (CLC), un grupo de vigilancia, se opuso a la impugnación de Cruz en un escrito de amicus curia y lamentó la decisión de la Corte Suprema.

“Es un resultado decepcionante pero realmente sorprendente de una mayoría judicial que ha mostrado una hostilidad extrema en la última década y más hacia los límites razonables del dinero en la política”, dijo Megan McAllen, directora de litigios de financiamiento de campañas de CLC. “No hace falta ser un genio político para ver el mayor riesgo de corrupción en este contexto”.

McAllen dijo que crea un “riesgo evidente de que los donantes adinerados intenten obtener favores políticos” de los candidatos políticos.

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