La Fiscalía General de la República (FGR) informó que apelará la decisión del juez de Distrito Gustavo Aquiles por dictar auto de no vinculación a proceso a favor de Ramón Sosamontes, exfuncionario federal y excolaborador de Rosario Robles, presuntamente ligado a la llamada Estafa Maestra.
En un comunicado, la FGR apuntó que también dará vista al Consejo de la Judicatura Federal para los aspectos administrativos que correspondan tras la determinación del juez de Distrito, así como la apertura de una carpeta de investigación por delitos cometidos contra la administración de justicia.
“Ante el acuerdo de referencia, que ofende el Derecho y la recta impartición de justicia, esta Institución dará vista al Consejo de la Judicatura Federal, para los aspectos administrativos que correspondan; también apelará el auto de referencia, e iniciará de inmediato una carpeta de investigación, con base en el artículo 225 del Código Penal Federal, respecto a delitos cometidos contra la administración de justicia por servidores públicos, fundamentalmente, en lo que se refiere a las fracciones VI, VII y VIII de dicho ordenamiento, que señalan las responsabilidades específicas de carácter penal aplicables al caso”, se lee en el documento.
“La FGR manifiesta su absoluto respeto al Poder Judicial Federal y a todos sus miembros, así como también reitera su obligación indeclinable de aclarar ante la opinión pública, cualquier información que así lo requiera, buscando la justicia pronta y expedita, actuando con estricto apego a la ley”, se recalcó.
En audiencia, el juez de control con residencia en el Reclusorio Sur, Gustavo Aquiles, determinó que no hay elementos suficientes para acusar a Ramón Sosamontes del delito de uso indebido de atribuciones y facultades
El exfuncionario federal es señalado por suscribir contratos ilegales en representación de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con Radio y Televisión de Hidalgo “RTH”, dentro del esquema denominado Estafa Maestra, en el cual dependencias llevaron a cabo malversación de recursos públicos a través de universidades públicas y empresas fantasmas.
Sin embargo, la FGR apuntó que la Representación Social de la Federación le señaló al juez en la audiencia que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sí le era aplicable a Sosamontes Herrera en el procedimiento de contratación de servicios, ya que Radio y Televisión de Hidalgo “RTH” no tenía la capacidad técnica, material y humana para que fuera ella misma la que prestara el servicio, en virtud de que subcontrató con 17 personas físicas y morales en un porcentaje del 94.6 por ciento del importe del contrato original, lo que la obligaba a someterse a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como lo señala el artículo 1 de dicho ordenamiento.
“… Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley; no obstante, dichos actos quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para su realización …”, apuntó
El agente del Ministerio Público le comunicó al juez Gustavo Aquiles la preocupación de la Fiscalía respecto de su indebida interpretación a la citada Ley de Adquisiciones, que impide el esclarecimiento de los hechos denunciados, misma que era contraría a las múltiples determinaciones emitidas por sus homólogos en casos similares en donde sí se vinculó a proceso a los imputados.
“A todo ello, no hubo una respuesta fundada y motivada del Juez, de conformidad con el criterio de esta Representación Social, manifestando únicamente al término de la audiencia, que ojalá y pronto la superioridad y los magistrados de Circuito emitieran criterios orientadores que le dieran luz para determinaciones futuras”, afirmó la FGR.
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