RADIOGRAFÍA DEL CRIMEN EN MORELOS INVOLUCRA AL ‘CUAU’, EDILES Y JUECES

Un informe de inteligencia del Ejército mexicano muestra presuntos nexos del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, así como diversas autoridades, como alcaldes, diputados, jueces y hasta un senador, con el crimen organizado.

“Es posible que el grupo delictivo autodenominado Comando Tlahuica se encuentre coludido con el gobernador actual de Morelos (Cuauhtémoc Blanco), debido al interés que demuestran por la seguridad de éste”, dice un informe.

Otro documento, fechado el 27 de febrero de 2019, señala que la administración del exfutbolista en el municipio de Cuernavaca tuvo un acuerdo con Comando Tlahuica.

Dicho acuerdo consistía en ceder a la organización la administración del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Cuernavaca, pacto que se rompió con la llegada de Antonio Villalobos.

“Antonio Villalobos Adán, alcalde de Cuernavaca, confirmó que celebraron el citado pacto, como ocurrió durante la gestión de Cuauhtémoc Blanco, pero él se negó y designó a otra persona”, dice el informe.

Villalobos recientemente fue detenido y encarcelado por un desvío millonario en la administración local.

Los documentos de la Sedena son parte de los millones de papeles confidenciales del Ejército mexicano hackeados por el grupo denominado Guacamaya.

En los informes se señala que, tras romperse el pacto que había hecho la administración de Blanco, entre junio de 2018 y febrero de 2019, aparecieron en Cuernavaca mensajes amenazantes contra José Manuel Sanz, quien fuera jefe de la Oficina de la gubernatura de Morelos y cercano a Blanco, a quien se atribuyó el incumplimiento.

En enero pasado, un diario capitalino publicó fotografías de Blanco junto con Irving Eduardo Solano, el Gato, líder de Guerreros Unidos; Homero Figueroa, la Tripa, líder del Comando Tlahuica, y Raymundo Isidro Castro, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Asimismo, hay señalamientos contra el exsubsecretario de Gobierno, José de Jesús Guízar; y el consejero jurídico del estado, Samuel Sotelo, además de diputados locales, jueces y hasta el senador Ángel García Yáñez.

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