Luego de un receso, esta tarde noche fue reanudada la audiencia inicial en contra de Francisco González Arredondo, exfiscal de derechos humanos durante la administración estatal pasada, quien es acusado de utilizar métodos de tortura en contra de uno de los detenidos durante la Operación Justicia para Chihuahua.
Al momento de reanudar la audiencia, la jueza Hortensia García le externó sus condolencias al imputado por la muerte de su padre, Francisco González Vásquez.
Por lo que González Arredondo tomó la palabra y acusó que el fallecimiento de su padre ocurrió debido a su detención, luego de la afectación provocada por observar cómo su hijo era detenido por el elementos de la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Delicias.
Durante la audiencia inicial bajo la causa penal 3176/2022, el Ministerio Público acusó a Francisco González Arredondo, a Elisa Peña Yáñez y demás personas de aplicar tortura física y psicológica en contra de la víctima con identidad reservada JJBP1/2021 a quien se le citó en repetidas ocasiones en las instalaciones del inmueble conocido como “Casa Zarco” o “Casa de Gobierno”.
Los hechos habrían ocurrido del periodo comprendido de febrero del 2017 a noviembre del 2018 en el que se mandó a llamar a la víctima para largas jornadas de interrogación como parte de las investigaciones y judicializaciones de la “Operación Justicia para Chihuahua”, iniciadas con el objetivo de perseguir presuntos actos de corrupción en el gobierno de César Duarte.
Los interrogatorios comprendían largos periodos en los que le prohibían agua, alimentos e ir al sanitario, así como gritos, actitudes violentas, amenazas contra la víctima y su familia, todo ello calificado como tortura psicológica según los artículos 24 en su Fracción I, así como el 26 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Como denunciantes se mencionaron a Vilma Ramírez Santiago, titular del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como Guillermo Saucedo Espinoza quien acudió a la audiencia como asesor jurídico de la víctima con identidad reservada.
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