“SON ABOGADOS PATRONALES, NO REPRESENTAN AL PUEBLO”: AMLO VUELVE A ARREMETER CONTRA MINISTROS DE LA CORTE POR ANULAR NORMA PARA QUE EXFUNCIONARIOS TRABAJEN EN LA IP

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de quienes afirmó que la mayoría de ellos actúa como “abogados patronales“, por representar a las empresas privadas.

López Obrador criticó nuevamente la decisión de la Suprema Corte tras anular la norma que impedía a exfuncionarios trabajar en la industria privada por un lapso de 10 años.

“Sostengo lo de ayer: es muy lamentable que los ministros de la Corte, no sé si todos, porque hay ministros en la Corte que tienen una dimensión social”, dijo.

“La mayoría, y esto pasa en todo el Poder Judicial, son como abogados patronales para decirlo con claridad. No representan al pueblo, representan a las empresas, así los formaron, así los escogieron durante el periodo neoliberal, esa es su concepción, su mentalidad”, expuso.

Tras volver a señalar que los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón trabajaron en empresas al terminar su sexenio, López Obrador detalló que los funcionarios públicos que dejan de trabajar en el sector público aprovechan la información privilegiada en la industria privada.

“Claro que tienen información privilegiada, que hay tráfico de influencia, eso es corrupción, por eso era esa limitación legal que echaron abajo los ministros, pero yo voy a seguir. Voy a analizar cómo hacerle para insistir que eso no puede permitirse, es un contubernio”, refirió.

“Una cosa es la empresa pública y otra el sector privado, ya lo hemos dicho muchas veces. Los únicos negocios que deben interesar a los funcionaros son los negocios públicos. Estamos viendo eso y vamos a seguir combatiendo ese influyentismo”, expresó.

La Corte invalidó este lunes por unanimidad una norma que prohíbe altos funcionarios federales trabajar en empresas privadas durante los 10 años siguientes a su encargo en el sector público, como establece la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR).

En un comunicado, la SCJN informó de que invalidó por unanimidad el segundo párrafo del artículo 24 de la LFAR, “que establecía una restricción de 10 años” para que los servidores públicos de mando superior pudieran laborar en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en ejercicio de su cargo público.

De acuerdo con la SCJN, “la medida incide de manera desproporcionada, innecesaria e injustificada en la libertad de trabajo, profesión, comercio e industria, reconocida por el artículo quinto de la Constitución mexicana”.

En octubre de 2019, la Cámara de Diputados de México aprobó la Ley de Austeridad Republicana, considerada una de las principales propuestas electorales del presidente López Obrador.

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