El dentista Jesús A.R. , de 30 años de edad, presunto autor intelectual del homicidio calificado y robo agravado contra su compañera, la asistente dental, Martha Rosario G.S., fue presentado esta mañana ante el juez de control Gabriel Alberto Anaya, quien le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá en detención durante el proceso penal en su contra.

Durante la lectura de los datos de prueba, el imputado fue acusado por el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), de haber sostenido reuniones previas con dos personas más, quienes aún no han sido detenidas, para planear el robo ocurrido el 27 de octubre de 2026 en el consultorio dental ubicado en el cruce de las calles Nicolás Bravo y Joaquín Terrazas, en la colonia Chaveña.
Se dijo que el dentista trabajaba desde hacía dos años en un consultorio ubicado en la calle Manuel Altamirano, el cual era parte de la misma empresa en donde la víctima de 53 años de edad tenía 32 años laborando, por lo que habría otorgado información interna, hábitos y movimientos del personal del consultorio y de la víctima.
Según las narraciones obtenidas por un testigo protegido, Jesús A.R. sostuvo reuniones previas con sus dos presuntos cómplices, y el 27 de octubre recibió una llamada telefónica en altavoz en la que el autor material del robo y homicidio le reclamó: “Jesús, te pásate de verga”, porque no estaba la cantidad de dinero que planeaban robar y tuvo que dispararle a la víctima.
Aunque el imputado solicitó al juez que lo dejara en libertad y estaría cumpliendo con todas las medidas que le solicitara, el Ministerio Público de la FEM pidió la medida cautelar de prisión preventiva justificada, debido al peligro de sustracción de la justicia, a que podría obstaculizar el proceso al advertir a sus dos presuntos cómplices aún en libertad, y a que su libertad representaría un peligro para las víctimas indirectas, testigos protegidos y para la comunidad juarense.
Al imponer la medida cautelar con un plazo de 24 meses, el juzgador destacó también el riesgo de seguridad para los juarenses y la perspectiva de género.
El imputado le solicitó al juez 144 horas, la duplicidad del plazo constitucional, para aportar pruebas, por lo que la audiencia de vinculación o no a proceso se llevará a cabo el próximo 9 de noviembre de 2026.
