La preocupación por conservar sus plazas y el sustento de sus familias reunió la tarde de este jueves a alrededor de 60 trabajadores del Poder Judicial de la Federación en una manifestación contra los posibles efectos del nuevo esquema de evaluación.
Itzel Lara, asistente de constancias de juez de control y enjuiciamiento, explicó que solicitan diálogo con el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y garantías sobre sus derechos laborales.
Los participantes salieron de las dos sedes y se concentraron en las escalinatas del edificio ubicado en la avenida Tecnológico, según lo observado en el lugar. Lara, quien habló en representación de sus compañeros, aclaró que la inconformidad no es por presentar exámenes o capacitarse, sino por la incertidumbre sobre su permanencia, antigüedad y adscripción.
“No estamos en contra de la profesionalización, sino que estamos en contra de que me retires mi base, de que me digas que no soy apto para continuar en un trabajo que me ha costado años obtener”, expresó la trabajadora. Señaló que las plazas representan una trayectoria de estudio y servicio, por lo que pidió que las autoridades expliquen los alcances de las evaluaciones posteriores.
En su caso, Lara relató que está próxima a cumplir 15 años de trayectoria y que lleva dos en su puesto actual. Se identificó como madre soltera y explicó que la posibilidad de un traslado o de perder el empleo también implica pensar cómo sostendría su hogar y reorganizaría su vida familiar.
“Hay varias compañeras que están en el mismo supuesto que yo, incluso también tenemos padres solteros aquí”, compartió Lara. Añadió que entre el personal hay personas con entre cinco y 25 años de servicio, para quienes un cambio de sede podría significar dejar el lugar donde ya establecieron su hogar.
La asistente manifestó que entre el personal también hay personas próximas a jubilarse, quienes necesitan saber cómo se protegerán su antigüedad y prestaciones. Pidió que se respete la protección de los derechos laborales que, según refirió, establece el décimo transitorio de la reforma judicial; las posibles pérdidas de esos derechos fueron planteadas por ella como una preocupación, no como una afectación ya ocurrida.
El acuerdo que regula la evaluación fue publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación. Para este año, la disposición contempla un ejercicio exclusivamente diagnóstico, destinado a identificar necesidades de capacitación, sin afectaciones inmediatas a la permanencia del personal. La inquietud expresada por Lara también comprende las consecuencias que podrían tener las evaluaciones posteriores.
Uno de los puntos que Lara cuestionó fue la participación de titulares y compañeros en las calificaciones. Solicitó conocer los mecanismos para evitar que las diferencias personales influyan en los resultados, así como las vías de revisión disponibles para quienes consideren que una valoración no corresponde a su desempeño.
“Queremos que nos digan de qué manera se puede frenar lo que subjetivamente puede ser aquellas apreciaciones que puedan llegar a tener nuestros compañeros o nuestro titular”, planteó Lara. También pidió que los contenidos de las pruebas correspondan a las funciones y materias de cada puesto, y que se consideren las cargas de trabajo.
De acuerdo con el esquema compartido por el personal, el examen de competencias representa 40 por ciento de la calificación y la capacitación 20 por ciento. La valoración del titular aporta 22.5 por ciento, la de compañeros 7.5 por ciento y los reportes institucionales 10 por ciento; el material establece que lo subjetivo no puede ser determinante y que la Escuela Judicial debe corregir sesgos.
El calendario de la modalidad diagnóstica establece la publicación del temario para el 17 y 18 de noviembre y los exámenes para secretarios el 4 de diciembre, para actuarios el 8 y para oficiales el 14 y 15. Los cuestionarios se aplicarán del 4 al 15 de diciembre y el análisis de resultados y las acciones de fortalecimiento se desarrollarán de enero a marzo de 2027, según el documento.
Lara consideró reducido el tiempo entre la difusión del temario y las primeras pruebas, debido a que deben prepararse junto con sus labores habituales. Explicó que, como asistente de constancias, participa en tareas relacionadas con las causas penales, las audiencias y la ejecución de sentencias, mientras otros compañeros integran expedientes, realizan notificaciones o elaboran proyectos de resolución.
Diana Hernández, secretaria de juzgado, pidió que la ciudadanía también considere las repercusiones que, a su juicio, tendría la salida de personal con experiencia. Señaló que la preocupación rebasa el ámbito laboral, porque los conocimientos acumulados por los trabajadores intervienen en la atención de los asuntos y en las respuestas que reciben quienes solicitan justicia.
“Buscamos su empatía, no buscamos su lástima”, expresó Hernández. La secretaria sostuvo que la incertidumbre sobre el futuro de los empleados también debe analizarse desde las necesidades de las personas que acuden a los juzgados y esperan una resolución, por lo que llamó a la ciudadanía a escuchar las razones de la protesta.
La manifestación fue organizada por los propios trabajadores y no por una convocatoria de las dirigencias sindicales, afirmó Lara. Indicó que algunos participantes salieron con autorización de sus titulares y otros permanecieron en sus funciones; las oficinas continuarán abiertas y no contemplan cerrar las instalaciones.
Al concluir el pronunciamiento, Lara señaló que aún no tenían fecha para las mesas de diálogo solicitadas al OAJ y que las siguientes acciones se definirían con trabajadores de otras sedes.
El personal mantendría la atención de los asuntos, explicó; su petición es conocer cómo se aplicará el proceso y qué garantías tendrán para conservar los derechos sobre los que han construido su vida laboral y familiar.