Osvaldo N. M., detenido desde el 28 de mayo de 2023 y acusado de terrorismo por la colocación de artefactos explosivos en el centro comercial Gran Patio Zaragoza, dejará de estar en prisión preventiva en enero de 2027, luego de que un Tribunal Colegiado modificó el plazo de la medida cautelar que lo mantiene encarcelado desde hace más de tres años y medio.

El abogado defensor, Paul Crisóstomo, explicó que el Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoséptimo Circuito asumió jurisdicción para resolver el recurso y determinó que los 20 meses de prórroga autorizados el 26 de septiembre pasado deben contarse a partir del momento en que se cumplieron los dos años de prisión preventiva, el 28 de mayo de 2025.“El sentido de la resolución es que se modifica la prisión preventiva.
El Tribunal Colegiado asumió jurisdicción y resolvió que esos 20 meses van a contar a partir de los dos años que debió haber terminado su prisión preventiva, entonces va a salir el 28 de enero”, declaró.
La resolución, emitida por unanimidad dentro del toca penal 401/2026, establece que el período de 20 meses concluirá el 28 de enero de 2027.
También ordena que, antes de que venza, se realice una audiencia para debatir qué otras medidas cautelares pueden garantizar la comparecencia del imputado a juicio y la seguridad.
Crisóstomo adelantó que en esa audiencia podrán proponerse distintas alternativas, entre ellas el uso de un localizador electrónico, prisión domiciliaria, prohibición de acercarse a Gran Patio, firmas periódicas y la prohibición de salir de la ciudad.
La defensa había apelado la decisión del 26 de septiembre, que extendió la prisión preventiva por 20 meses más.
Durante la audiencia de alegatos aclaratorios del 3 de noviembre, el abogado argumentó que esa prolongación podía llevar a Osvaldo a permanecer más de cinco años encarcelado sin sentencia, pese a que el artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución establece que la prisión preventiva no puede exceder dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado.
El litigante sostuvo que la Fiscalía no presentó pruebas que individualizaran un riesgo para la comunidad atribuible a Osvaldo.
También señaló que esta era la cuarta ocasión en que acudían ante un juzgado de Control para revisar la medida y que cuatro jueces federales habían determinado mantenerla por motivos distintos.
