Los recibos comienzan a llegar más caros. Primero los de gas, y ahora esperan de remate, el incremento en la luz. Y aunque los montos exactos todavía se debaten en salas de reguladores y pronto en tribunales, para miles de familias en El Paso la pregunta no es abstracta: ¿cuánto más vamos a pagar, y por qué?
El lunes 2 de marzo, el Cabildo de la Ciudad de El Paso respondió a esa pregunta con una decisión inusual: autorizó batallas legales simultáneas en dos frentes distintos, uno contra la empresa eléctrica El Paso Electric (EPE) y otro contra Texas Gas Service, la proveedora de gas natural. En ambos casos, la ciudad argumenta que las decisiones de los reguladores estatales no son justas, no están suficientemente respaldadas por evidencia, y que los usuarios de El Paso podrían estar pagando de más.
Es una apuesta doble, poco común en la política municipal, que refleja tanto la presión que ejercen los residentes como la determinación de una administración que dice haber agotado la paciencia con empresas de servicios públicos que, según sus propias palabras, están trasladando costos que no les corresponden a los consumidores.
Abundan las quejas
Antes de entender la maniobra legal, conviene saber qué la detona: las quejas de vecinos que dicen que sus facturas se han disparado en los últimos meses, tanto en gas como en electricidad.
En el caso del gas, residentes de El Paso comenzaron a reportar incrementos notorios en sus recibos desde que Texas Gas Service presentó su solicitud de aumento en junio de 2025.
La empresa buscaba además unificar a todos sus clientes bajo un esquema estatal de precios uniforme; según funcionarios municipales esa medida desplazaría costos de otras regiones hacia usuarios de El Paso de forma injusta.
En el frente eléctrico, EPE presentó en enero de 2025 una solicitud para aumentar en 93 millones de dólares sus ingresos anuales por servicio en Texas, más del doble de lo que había pedido en su caso tarifario anterior, en 2021. De haberse aprobado en sus términos originales, la factura residencial promedio habría subido unos 22.39 dólares al mes, un alza cercana al 23 por ciento.
Aunque la Comisión de Utilidades Públicas de Texas (PUCT) redujo parte de ese incremento en febrero, todavía no se sabe exactamente cuánto más pagarán los usuarios: eso depende de una orden final y de cómo se implementen los detalles. La incertidumbre, dicen los críticos, es parte del problema.
Dos peleas, una ciudad
Lo que hace particular la situación del lunes es que el Cabildo activó mecanismos legales distintos para cada caso, adaptados a la estructura regulatoria de cada sector.
Para la electricidad, instruyó a la Oficina del Abogado de la Ciudad a presentar una moción de reconsideración —rehearing— ante la PUCT. El objetivo es que el organismo revise dos puntos concretos que, según la ciudad, podrían reducir aún más el impacto en las facturas.
El primero tiene que ver con los ingresos que EPE obtiene de clientes fuera de El Paso: esos recursos se acreditan a los usuarios locales y reducen lo que se les cobra. La ciudad quiere que la PUCT reconsidere cómo maneja los créditos derivados de la Comisión Federal de Regulación de Energía (FERC), con el argumento de que una aplicación más favorable maximizaría los beneficios para los consumidores.
El segundo punto involucra una decisión que EPE logró en el proceso regulatorio: que todas las clases de tarifas —incluida la residencial— cubran el costo total del servicio. La ciudad considera que esto tiene un “gran impacto” en los hogares y pedirá que se reconsidere.
“Estamos utilizando todas las herramientas disponibles para lograr las mayores protecciones posibles para los consumidores y asegurar que reciban el beneficio completo de los créditos y asignaciones que pueden reducir sus facturas”, declaró la abogada municipal, Karla Nieman.
Para el gas, la estrategia es más agresiva y opera en dos niveles al mismo tiempo. El 16 de febrero, el Cabildo ya había aprobado presentar una moción de reconsideración ante la Comisión de Ferrocarriles de Texas (RRC), cuyo fallo sigue pendiente. El lunes, fue un paso más lejos: autorizó llevar el caso directamente a los tribunales, para que un juez determine si la decisión de la RRC cumple con la ley estatal y está respaldada por la evidencia.
Un ‘no’ constante
La cronología del caso del gas muestra que El Paso no llegó a esta posición de golpe. Desde que Texas Gas Service presentó su solicitud de aumento, en junio de 2025, la ciudad frenó, analizó, negoció y rechazó en cada instancia que tuvo a su disposición.
En julio de 2025, el Cabildo suspendió el aumento por 90 días para estudiarlo. En octubre se ordenó programar una audiencia pública y explorar un acuerdo. En noviembre, tras esa audiencia, la ciudad rechazó formalmente el aumento bajo su jurisdicción municipal.
Pero en febrero de 2026, la RRC —el regulador estatal— emitió su propia orden final, ignorando en lo esencial la posición de El Paso. Desde entonces, la ciudad busca revertirla.
El caso eléctrico siguió una trayectoria similar. EPE presentó su solicitud en enero de 2025. En junio, el Cabildo votó para rechazarla a nivel municipal. Pero bajo la ley estatal, la decisión final siempre recae en la PUCT, y fue ahí donde el caso continuó su curso —con la ciudad participando como parte activa en defensa de residentes y negocios locales.
Quieren proceso justo
El alcalde Renard U. Johnson fue directo al explicar por qué la ciudad está dispuesta a llegar a los tribunales en el caso del gas.
“Las acciones autorizadas reflejan lo que hemos escuchado de los residentes. La gente quiere un proceso justo y un resultado justo. Estamos solicitando una reconsideración y estamos preparados para apelar la decisión porque no creemos que los usuarios de El Paso deban asumir costos que no les corresponden”, dijo.
La frase resume una tensión que está en el fondo de ambos casos: ¿quién paga qué, y con base en qué criterio? En el caso del gas, el punto de conflicto es el modelo de tarifa estatal unificada que, según la ciudad, beneficia a otras regiones a expensas de El Paso. En el eléctrico, son los créditos de transmisión y el principio de costo total de servicio por clase tarifaria.
En ambos casos, la ciudad dice que los números no cuadran a favor de sus vecinos.
Lo que sigue
Para la electricidad, la PUCT deberá evaluar la moción de reconsideración en una reunión pública, donde decidirá si la concede, la rechaza o modifica su orden anterior. La Oficina del Abogado de la Ciudad continuará participando en el proceso y mantendrá informados al alcalde y al Cabildo.
Para el gas, el proceso se bifurca: mientras se espera el fallo de la RRC sobre la moción de reconsideración presentada en febrero, la ciudad prepara simultáneamente su estrategia judicial.
Las autoridades dijeron que continuarán informando conforme avance el caso en los tribunales.
Lo que es claro, por ahora, es que El Paso no acepta los fallos actuales como definitivos. Y que detrás de cada movimiento legal hay vecinos que abrieron un recibo este mes y se preguntaron cómo van a llegar a fin de mes.