Las acusaciones por narcotráfico contra diez políticos mexicanos, incluido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, han provocado un cisma en México y llegan en un momento de desencuentros entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico. Se trata del más fuerte golpe contra la supuesta “narcopolítica” mexicana del que se tenga registro en los últimos años (¡y vaya que han existido episodios controvertidos entre ambos países!).
La petición pone en jaque al gobierno de Claudia Sheinbaum, que tendrá que pensar el siguiente movimiento con forma de dilema: o procede a la detención y extradición de los políticos de su propio partido, o bien decide romper lanzas con el gobierno de Donald Trump, al menos en materia de cooperación contra las drogas.
Las acusaciones formales fueron presentadas el miércoles 29 de abril por el fiscal general del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, Terrence C. Cole. Son diez funcionarios y exfuncionarios públicos de muy alto perfil como el alcalde de Culiacán, la capital sinaloense; un senador de la República por el estado de Sinaloa y un vicefiscal por la misma entidad, además del mandatario estatal en funciones, Rocha Moya. Todos ellos pertenecen al partido oficialista Morena y todos están acusados de conspirar con el poderoso Cartel de Sinaloa para introducir a Estados Unidos cargamentos de droga, entre otros delitos.