A 11 meses del hallazgo de 386 cuerpos en el crematorio Plenitud, el caso permanece abierto entre identificaciones inconclusas, procesos judiciales detenidos, protestas de familias y cuestionamientos sobre la supervisión de funerarias y crematorios en Ciudad Juárez.
Tal es el caso de Eleuterio Palacios, uno de los afectados; quien se manifestó ayer en las oficinas administrativas Jose Maria Morelo y Pavón mejor conocidas como Pueblito Mexicano.
Para él y su familia, el tiempo transcurre entre reuniones con autoridades, marchas y la incertidumbre sobre el destino real de su madre.
En su casa conserva intacta una urna con cenizas entregadas en 2021 por la funeraria Latinoamericana, aunque todavía no sabe si corresponden realmente a ella.
“Yo sigo esperando saber la verdad”, dijo este martes durante una manifestación en las oficinas de Gobierno del Estado.El caso salió a la luz la noche del 26 de junio de 2025, cuando policías municipales ingresaron a un inmueble ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa tras reportes por olores fétidos.
Dentro del crematorio Plenitud encontraron cientos de cuerpos apilados en distintas habitaciones, algunos aún con la ropa con la que habían sido velados por sus familias.Las investigaciones posteriores establecieron que el horno crematorio tenía años sin funcionar y que varias funerarias continuaban enviando cuerpos al lugar para supuestas cremaciones.
De acuerdo con las indagatorias, los familiares recibían urnas con cenizas pese a que muchos cuerpos nunca fueron incinerados.
Entre las funerarias señaladas por familiares aparece Latinoamericana, empresa con la que la madre de Palacios contrató el servicio funerario antes de fallecer en febrero de 2021.
El afectado recordó que durante años creyó que el procedimiento se había realizado conforme a la ley. La duda comenzó cuando vio las primeras noticias sobre los cuerpos encontrados.“Yo decía que no podía ser posible.
Pensaba que una funeraria de ese nivel no podía hacer algo así”, relató.Tras acudir por el certificado de cremación, confirmó que el cuerpo de su madre había sido enviado a Plenitud.
Desde entonces inició un recorrido entre fiscalías, oficinas estatales y protestas públicas junto con otros afectados.
En julio de 2025, familiares realizaron marchas desde funerarias hasta la Fiscalía General del Estado para exigir información y acelerar las identificaciones. En una de esas reuniones fueron atendidos por el fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas.
Con el paso de los meses, las cifras oficiales comenzaron a cambiar. Primero se habló de 383 cuerpos y posteriormente la Fiscalía confirmó 386 restos humanos individualizados. Entre ellos había 213 hombres, 165 mujeres y ocho personas sin sexo determinado.
En julio del año pasado fueron entregados los primeros seis cuerpos identificados a sus familias.
Algunas personas optaron por realizar nuevas cremaciones y otras por sepultarlos.Sin embargo, las identificaciones avanzaron lentamente.
Para octubre de 2025 las autoridades reportaban 123 cuerpos identificados y 85 denuncias por fraude presentadas por familiares.En enero de este año la Fiscalía estatal informó que habían logrado identificar 170 cuerpos y entregar 156 a sus familias.
También confirmó más de un centenar de denuncias relacionadas con cenizas falsas y posibles fraudes funerarios.
Liberan a propietario
Mientras las identificaciones continuaban, el proceso penal sufrió uno de sus momentos más controvertidos en febrero de 2026, cuando un juez federal ordenó la liberación del propietario del crematorio, José Luis A. C., al considerar que los hechos imputados no constituían delito sino faltas administrativas.
La resolución provocó nuevas protestas de familiares, quienes acusaron lentitud institucional y falta de justicia.
Diversos colectivos señalaron que, mientras las familias seguían esperando resultados periciales, los responsables recuperaban su libertad.
Hace apenas unos días, el caso volvió a tomar relevancia luego de que el propietario del crematorio fuera declarado prófugo tras no acudir a una audiencia judicial. El Ministerio Público solicitó nuevamente una orden de aprehensión en su contra.
Durante estos meses también surgieron cuestionamientos sobre las dependencias encargadas de supervisar el funcionamiento del crematorio.
Documentos oficiales difundidos en medios nacionales revelaron que Protección Civil municipal había autorizado operaciones del establecimiento en 2022 pese a las irregularidades detectadas posteriormente.
Para Eleuterio Palacios, el problema no termina con la identificación de cuerpos. Afirma que ninguna autoridad ha explicado cómo evitar que una situación similar vuelva a ocurrir en Ciudad Juárez.
“A nosotros nadie nos ha dicho qué protocolos habrá para garantizar que esto no vuelva a pasar”, señaló.
También dijo que mantiene cerrada la urna con las cenizas que recibió hace cuatro años por temor a afectar futuras acciones legales.