EL PASO, Texas – Cuatro individuos fueron acusados por su participación en un esquema de contrabando de niños no acompañados desde México hacia los Estados Unidos. El plan incluía utilizar dulces con THC para sedar a los menores durante el transporte, un acto que ha generado gran preocupación por el bienestar de los niños involucrados.
Los acusados son Susana Guadian, Daniel Guadian, Dianne Guadian y Manuel Valenzuela, quienes enfrentan cargos por conspiración para transportar extranjeros y traerlos a los EE. UU. con fines de lucro. Según la denuncia, entre mayo y octubre de 2024, la organización criminal trajo ilegalmente a menores de entre 5 y 13 años desde Juárez, México, utilizando métodos extremadamente peligrosos.
La operación consistía en que Susana y Daniel Guadian reclutaban conductores para transportar a los niños a través de puertos de entrada en la frontera de EE. UU., presentando documentos falsificados para hacer pasar a los menores como hijos de los conductores.
En uno de los eventos de contrabando, se les dio gomitas de marihuana para mantener tranquilos a los niños durante el viaje. Uno de los menores fue hospitalizado y diagnosticado con intoxicación por marihuana. Los conductores recibían $900 por cada niño transportado.
El caso fue investigado por Joint Task Force Alpha (JTFA), una iniciativa que trabaja en conjunto con múltiples agencias del Departamento de Justicia de EE. UU. y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). JTFA se enfoca en desmantelar las redes de contrabando humano operadas por carteles y organizaciones criminales transnacionales, especialmente aquellas que explotan a menores.
El fiscal estadounidense Justin Simmons de la región oeste de Texas destacó que los carteles y las organizaciones de contrabando no tienen en cuenta la seguridad de los menores, y sólo buscan enriquecerse con el sufrimiento de personas vulnerables. Jason T. Stevens, agente especial de HSI El Paso, subrayó que el contrabando de niños es uno de los crímenes más despreciables que investigan, y reiteró el compromiso de las autoridades para perseguir a aquellos que lucran con la explotación infantil.
Este caso es parte de la Operación Take Back America, una campaña nacional para eliminar las organizaciones criminales transnacionales que operan en países como México, Guatemala, El Salvador y Honduras, y proteger a las comunidades de los crímenes violentos relacionados con el contrabando humano. La operación también incluye esfuerzos de otras iniciativas como Project Safe Neighborhoods (PSN).