Al menos 40 tiros intercambiaron tres presuntos delincuentes con detectives de la Policía Estatal en el ataque perpetrado el pasado 8 de enero, de acuerdo con las investigaciones ministeriales que ayer llevaron a cinco hombres ante un Juzgado de Control que calificó de legal su detención y los envió a la cárcel de manera preventiva.
Otros dos que fueron detenidos ese día fueron liberados, pues comprobaron formar parte de la plantilla laboral de la empresa de telecomunicaciones Izzi y haber corrido junto con uno de los ahora acusados por miedo, al pensar que serían víctimas de algún delito mientras laboraban.
Los cinco acusados de asesinar al agente estatal Édgar David Quezada Villa y dejar lesionados a dos más en el ataque armado dijeron haber sido golpeados, y aunque no precisaron qué autoridad presuntamente los hirió, el juez de Control Carlos Jaime Rodríguez García ordenó activar el Protocolo de Estambul contra tortura y tratos crueles.
Dos calibres distintos, ambos de alto poder
Durante la audiencia inicial contra Martín Alejandro R. A., Pedro Moroni M. A., Cristian Jesús H. L., Gerardo C. A. y Francisco Miguel F. C., las agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida expusieron ante el resolutor datos de prueba del caso que permiten suponer la participación de los cinco en el ataque.
Se les acusó formalmente de que el 8 de enero, cerca de la 1:00 de la tarde, los primeros cuatro llegaron a la gasolinera Gazpro de la avenida López Mateos y calle Simona Barba en una camioneta GMC Sierra Denali 2023 negra con placas negras con letras blancas de Colorado, Estados Unidos, con número de serie 1GT49EDEY8PF198375 –con reporte de robo ante el Departamento de Policía de Denver del 7 de marzo de 2025–, conducida por Martín Alejandro R. A., alias “El Charro”, desde la que dispararon contra la camioneta Chevrolet Silverado 2022 blanca con placas EG4553A de Chihuahua, conducida por José Luis Cano Cornelio con Javier Eduardo García Rutiaga como copiloto (ambos, detectives de la Subsecretaría de Despliegue Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado), y donde Quezada Villa viajaba en la parte trasera.
Dispararon armas calibre 5.56×45 y 7.62×39 milímetros, hasta que los detectives repelieron la agresión pese a las heridas que presentaban, razón por la que no cumplieron su objetivo de asesinar a los dos, aunque sí cobrando la vida de Quezada Villa.
Francisco Miguel es señalado como conductor de un Chevrolet Malibu 2013 blanco con número de serie 1G11E5SAIDF160716 en el que tenían planeado escapar los otros cuatro, por lo que también fue detenido por policías estatales luego de que la huida fue frustrada por policías municipales y F. C. se fue solo en el coche, abandonando a los coimputados.
Pese a las heridas, los agentes lesionados lograron describir la camioneta Sierra y precisaron que lograron reventar el vidrio trasero de la misma al repeler.Estos detalles permitieron a policías municipales ubicar la camioneta en el cruce de las calles Río Balsas y Francisco Zarco justo cuando se detenía y bajaban de ella cuatro personas, quienes intentaron huir al ver a los agentes.
Uno de los presuntos delincuentes intentó subirse al Chevrolet Malibu con placas ELA647B, desde donde F. C. gritó “córrele, güey, o nos van a agarrar”, y prefirió arrancar sin el que intentaba subirse, que fue luego detenido por los municipales: Pedro Moroni M. A.
Los agentes tenían información de que los perseguidos eran peligrosos, por lo que procedieron con cautela, pero órdenes firmes al ubicarlos. Ninguno, según la corporación, fue detenido con el uso de la fuerza física, sino meramente con comandos verbales. Alertaron del escape de F. C. a bordo del Malibu.
La persecución a pie continuó, y se ubicó a tres más que corrieron hacia una calle sin salida. “El Charro” se ocultó debajo de dos vehículos, pero fue descubierto y se le detuvo.Cristian Jesús H. L. y Gerardo C. A. brincaron la barda de una casa hacia el patio trasero, y los oficiales los siguieron y arrestaron.
El conductor del Malibu fue intervenido en Catarata Iguazú y Basaseachic, y presuntamente intentó amedrentar a los oficiales, pues sacó su teléfono, hizo una llamada y dijo “van a saber quién soy. Se van a arrepentir”, pero luego guardó el teléfono y permitió su arresto formal.
Se aseguraron formalmente la camioneta Sierra, el teléfono de F. C., otro hallado bajo el vehículo, y tres chalecos antibalas que había en la cabina.
También en la cabina fueron localizadas y aseguradas un arma Windham Weaponry modelo Blackout calibre 5.56×45 mm, una Black Rain Ordnance, Inc. modelo SPEC 15 del mismo calibre y una Century Armas modelo Centurion 39 Sporter calibre 7.62×39 mm, de respectivos números de serie BL03372, SM061163 y 39NC11671.
Dentro de la camioneta había, además del arsenal y la protección, 23 casquillos con la leyenda 7.62×39, y cinco más con la leyenda PSD24, y se comprobó que dos de las armas tenían un total de 22 balas aún sin disparar, mientras que una tercera ya no tenía balas disponibles, aunque no se precisó cuál.En la gasolinera, donde se perpetró el ataque, se hallaron 12 casquillos: cuatro calibre 7.62×39, siete calibre 9 milímetros y otro más con la leyenda 24PSD.
Agentes heridos, en terapia intensiva
El agente Quezada Villa murió de laceración encefálica por disparos de armas de fuego al cráneo. Su cuerpo quedó en el asiento trasero de la camioneta de la Policía del Estado.Los dos agentes lesionados se encuentran hospitalizados.
Al momento de que el Ministerio Público los entrevistó, el 9 de enero, seguían en terapia intensiva. Cano Cornelio presentaba heridas en mandíbula derecha, tórax, y extremidades laceradas.
Había sufrido falla orgánica por pérdida de sangre en las horas anteriores, al igual que García Rutiaga, quien tuvo heridas en tórax, escápula derecha y piernas.Ambos tienen lesiones que ponen en peligro la vida, tardan en sanar más de 60 días y pueden llevar a la muerte de no tratarse correctamente.
El juez Rodríguez García calificó de legal la detención de los cinco ayer en audiencia, además de que los envió a prisión preventiva. Su audiencia de vinculación o no a proceso es el próximo 15 de enero.