Durante meses, en Ciudad Juárez, las filas frente a los módulos de regularización se volvieron una postal cotidiana. Autos sin placas nacionales avanzaban lentamente bajo el sol fronterizo con la promesa de un documento que los hiciera legales y, sobre todo, útiles para la vida diaria en una ciudad extensa y dependiente del volante.
Ese fenómeno fue posible gracias al decreto federal de octubre de 2021, que permitió la regularización de vehículos de procedencia extranjera y que, en su momento, cumplió un objetivo social claro: dar certeza a miles de familias que dependían de esos automóviles para trabajar, trasladarse y sostener su economía cotidiana.
Sin embargo, el programa también abrió la puerta a dinámicas que rebasaron la intención original. Conforme avanzó la regularización, comenzaron a aparecer otros intereses. Comerciantes de autos usados vieron una oportunidad de negocio y empezaron a ingresar más unidades de las previstas, alimentando un mercado que dejó de responder únicamente a la necesidad social. Lotes improvisados surgieron en distintos puntos de la ciudad, ofreciendo “autos listos para regularizar”, mientras la frontera seguía funcionando como una puerta abierta.
En ese contexto, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que no habrá prórroga al decreto, el cual quedó sin efecto el pasado primero de enero.
La mandataria explicó que el esquema ya cumplió su función y que existen otros mecanismos para que los vehículos que actualmente se encuentran en el país y cumplen con los requisitos puedan regularizarse bajo los criterios establecidos.
El anuncio, aunque esperado, ha generado incertidumbre entre los propietarios que no alcanzaron a concluir el trámite y evidencia una transición incompleta: un programa que resolvió una necesidad real, pero que también dejó al descubierto las tensiones entre política social, mercado informal y control fronterizo.
En Juárez, donde la regularización fue mucho más que un trámite y se convirtió en parte del paisaje urbano, el cierre del decreto no solo marca el fin de una etapa administrativa, sino el inicio de una discusión pendiente sobre movilidad, legalidad y las consecuencias de políticas que, al tocar la frontera, siempre tienen efectos multiplicados.