La Fiscalía General del Estado brindó asesoría legal a una consumidora identificada como Itzel, quien denunció el incumplimiento de Walmart en la entrega de nueve televisores adquiridos por un monto total de 3 mil 459 pesos, orientándola a contratar un abogado particular y proceder por la vía civil, ante la falta de actuación formal por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
“En la fiscalía me dijeron que Profeco debió haberme ayudado en ese momento con las hojas, los reportes y el expediente, pero no me dieron nada. Profeco debió haber resuelto desde el primer momento”, comentó la afectada.
De acuerdo con Itzel, la compra se realizó el martes 20 de enero en el área de autocobro de la sucursal Walmart Las Torres, sin que se presentara error alguno durante el pago. No obstante, al acudir al área de tecnología para recoger los aparatos, el personal de la tienda se negó a entregarlos, argumentando inconsistencias internas, sin ofrecer solución inmediata ni un documento que respaldara la negativa.
Ante esta omisión, la consumidora acudió a la Fiscalía, donde se le explicó que la autoridad penal solo puede intervenir cuando existe un procedimiento administrativo previo documentado o cuando el caso se presenta mediante un escrito legal elaborado por un abogado, señalando un posible incumplimiento contractual o fraude, lo cual corresponde a la jurisdicción civil.
“Lo único que podría proceder es un escrito donde se señale que Walmart está cometiendo fraude. Ese escrito ya tendría que hacerlo un abogado. Con un escrito legal, entonces sí podría avanzar”, señaló la afectada.
De acuerdo con datos oficiales de Profeco, el tiempo promedio de resolución de una queja puede variar entre 10 y 90 días hábiles, o incluso más, dependiendo del tipo de conciliación; sin embargo, sin expediente abierto, el proceso queda legalmente detenido.
Itzel aseguró que no se trata de un caso aislado, ya que existen múltiples denuncias similares en diversas sucursales de Walmart en Ciudad Juárez, lo que ha generado inconformidad entre consumidores que señalan prácticas reiteradas de incumplimiento, así como la falta de intervención efectiva por parte de la autoridad de consumo.