El Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado destruirá más de dos mil credenciales de elector que fueron tramitadas en el 2024 y que sus titulares no las recogieron.
El organismo electoral informó que el 28 de febrero terminó el plazo para recoger los plásticos, de los cuales 745 se ubican en esta frontera.
Incluso, de acuerdo con la lista ofrecida por el INE, Chihuahua es el quinto estado en el país con el mayor número de identificaciones pendientes de recoger. El listado lo encabezan Jalisco, con 4 mil 680 documentos; el Estado de México, con 3 mil 561; la Ciudad de México, con 2 mil 531; Guanajuato, con 2 mil 492 documentos y Chihuahua, con 2 mil 190.
Cada credencial que no es recogida por su titular representa un costo para el INE.
Para el período 2026-2031, el INE adjudicó un contrato a Talleres Gráficos de México (TGM) y las empresas Cosmocolor e ICARD Solutions en el que cada credencial tiene un costo de producción de aproximadamente 11.83 pesos; sin embargo, si se consideran materiales, medidas de seguridad de alta tecnología, salarios del personal y mantenimiento de módulos, el costo total para el Estado es de entre 260 y 270 pesos por cada credencial.
De acuerdo con el artículo 136, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el caso de aquellos ciudadanos que tramitaron su credencial para votar y no acudieron al módulo de atención ciudadana a recogerla, el INE formuló hasta tres avisos para invitarlos a que vayan por ella; en caso de no hacerlo, se cancela según lo dispuesto en el artículo 155 de la ley señalada.
Desde junio pasado se pueden realizar trámites de reemplazo por vigencia, corrección de datos personales y en domicilio; inscripciones de nuevos electores, reincorporación y reposiciones por robo, extravío o deterioro grave en las credenciales de elector.
Además, el Consejo General del INE aprobó los lineamientos para la credencialización de personas privadas de la libertad. En el ordenamiento avalado, se establecen los procedimientos y requisitos aplicables para la captación de los trámites registrales que soliciten las personas que se encuentran en prisión preventiva, así como aquellas con sentencia condenatoria.