A nueve meses del hallazgo de cadáveres apilados en el Crematorio Plenitud, el colectivo Justicia Para Nuestros Deudos, emitió un posicionamiento en el que aseguran que hasta el día de hoy las familias tienen más preguntas que respuestas.
“Durante este tiempo se han entregado múltiples pliegos petitorios, se han realizado marchas, protestas y vigilias que recuerdan la memoria ultrajada de 386 cuerpos.
Las mantas y consignas expresan el dolor de la ausencia de justicia y el abandono institucional hacia las víctimas. Sin embargo, las autoridades parecen más preocupadas por contener el número de denuncias que por garantizar verdad y reparación” indica el escrito publicado por la vocera del colectivo, Dora Elena Delgado Barraza.
Asegura que el silencio permanece a pesar de acudir a tocar puertas y exigir respuestas a instituciones en las ciudades de Chihuahua y Ciudad de México, “En tiempos preelectorales, los funcionarios prefieren aparecer en encuestas que los favorecen antes que atender a quienes cargan con un duelo interrumpido.
Resalta que a pesar de las 137 demandas por fraude en curso las funerarias continúan operando como si nada hubiese ocurrido, “preocupa también el número de familias que, atrapadas en el dolor, aún no han podido interponer denuncia. A ellas les recordamos que, cuando lo consideren pertinente, podrán iniciar su proceso legal: ese derecho no puede ser negado.
Cuestiona si “Maribel Próspero Cobos, titular de COESPRIS; Rogelio Covarrubias Gil, titular de Distrito Salud II; el fiscal Carlos Manuel Salas; y Karla Ivette Gutiérrez, coordinadora del Registro Civil de Ciudad Juárez, han reflexionado en algún momento sobre cómo es la vida de las familias afectadas. Sobre los empleos perdidos, los traslados interminables en transporte público, y lo más doloroso: un duelo interrumpido por la omisión y la codicia de instituciones estatales y funerarios”.
Lamenta que en el estado de Chihuahua, denunciar la corrupción parece convertirse en delito, señalar las omisiones en el ejercicio de las funciones públicas ofende a quienes deberían responder con transparencia. “No, señores: el Estado de Chihuahua tiene una deuda con más de 1,500 familias. No respondan con acoso institucional ni intenten desacreditar denuncias que están fundamentadas legal y éticamente”.
Exige respeto al derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 6 y 9, que garantizan la libertad de expresión y el derecho de asociación, “Estos derechos son la base de nuestra lucha y no pueden ser vulnerados. El resultado, al día de hoy, es devastador: silencio institucional, funcionarios laborando como si nada, funerarias operando, y víctimas sin acceso pleno a la justicia”.
Finalmente indica que este comunicado es un llamado urgente a la memoria, a la dignidad y a la responsabilidad, “Porque detrás de cada número hay una historia, un rostro, una familia que merece verdad, justicia y reparación”.