La Fiscalía General de la República analiza su uso legal mientras indaga a empresas vinculadas con el contrabando
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que alrededor de 30 millones de litros de combustible asegurados en operativos contra el huachicol fiscal permanecen bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables de su comercialización ilegal.
Explicó que la fiscalía analiza mecanismos para dar un uso legal a ese combustible y evitar su almacenamiento prolongado, aunque en varios casos es necesario concluir las indagatorias antes de definir su destino. Señaló que las investigaciones incluyen el rastreo de empresas involucradas en la importación y venta del energético, así como su posible distribución a estaciones de servicio.
Indicó que las acciones contra el contrabando de combustible se apoyan en la intervención de autoridades en aduanas y en operativos coordinados, lo que permitió detectar irregularidades en el ingreso y traslado de hidrocarburos. Agregó que aún existen múltiples líneas de investigación abiertas, particularmente en casos relacionados con transporte ferroviario y autotanques.
La mandataria señaló que el objetivo del huachicol fiscal es evitar el pago de impuestos, por lo que el gobierno implementó mecanismos para verificar la consistencia entre el volumen de combustible importado, producido y comercializado, así como los gravámenes correspondientes. Estos cruces de información son desarrollados por la Secretaría de Energía en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria.
Como parte de las medidas de control, el transporte de combustible debe contar con códigos de verificación que permiten su revisión en carretera por elementos de la Guardia Nacional. En caso de incumplimiento, las unidades son aseguradas.
Sheinbaum afirmó que el contrabando de combustible ha disminuido en comparación con años anteriores y que se mantienen acciones para erradicarlo. Añadió que continúan las investigaciones para determinar responsabilidades penales, en un contexto donde han sido detenidos funcionarios, integrantes de fuerzas de seguridad y empresarios vinculados con estas prácticas.
Señaló que las autoridades federales presentarán un informe detallado con los resultados del análisis sobre el impacto de este fenómeno en el erario, así como las medidas implementadas para su contención.