La reforma tiene como objetivo crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas que evaluará si los postulantes tienen vínculos con el narcotráfico y la delincuencia
Mediante un inusual proceso de fast track, el Senado de la República aprobó esta madrugada la reforma legal propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum que creará en el INE una comisión de verificación de candidatos que evaluará si tienen vínculos con el narcotráfico y la delincuencia.
Las reformas avaladas crearon la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas que tiene por objeto recibir de los partidos o de las personas aspirantes a una candidatura independiente los listados de personas que pretendan postular como candidatos a un cargo de elección popular, ya sea federal o local.
Dicha comisión estará integrada por cinco consejeros del INE y se renovará cada tres años. La presidencia de la Comisión será rotativa y será designada anualmente entre los integrantes de la propia comisión.
Dicha Comisión de Verificación deberá coordinarse con autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), entre otras autoridades, para desplegar un mecanismo preventivo de análisis de riesgo respecto de las candidaturas postuladas por los partidos políticos y las personas candidatas independientes.
Sin embargo, esta evaluación de riesgo será voluntaria por parte de los partidos políticos y de las personas que aspiren a una candidatura independiente.
Es decir, no será un requisito para el registro de candidaturas, sino que únicamente tendrá carácter informativo, dando a los partidos políticos y a las personas aspirantes interesadas elementos técnicos suficientes para determinar el registro o no de las personas que fueron sometidas a evaluación.
Un fast track sui géneris
Durante el periodo extraordinario de sesiones del Senado, las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Primera habían convocado a sesión este viernes a las 08:00 horas para dictaminar las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de integridad en candidaturas.
Sin embargo, cerca de las 03:00 de la madrugada de este viernes, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, propuso retirar el turno a dichas comisiones para que el dictamen proveniente de la Cámara de Diputados fuera discutido de inmediato, ya sin el estudio en comisiones. Esto fue aprobado por la mayoría de senadores oficialistas de Morena, PT y PVEM.
En menos de un hora, dichas reformas legales fueron aprobadas en lo general por 85 votos de legisladores oficialistas, contra 40 votos de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. La votación en lo particular quedó en 84 en favor y 41 en contra.
Luego de su aprobación, Castillo Juárez turnó el documento a la titular del Ejecutivo federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.
Durante la discusión, el senador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo, dijo que estas reformas buscan obligar al INE a ponerse de acuerdo con la UIF o el Centro Nacional de Inteligencia y otras instancias para decir quien está vinculado con el crimen.
“Todos sabemos que eso es una doble trampa, es un doble juego muy peligroso: si un partido decide no someter sus listas a esta revisión, el oficialismo los va señalar y a estigmatizar públicamente acusándolo de encubrir delincuentes; pero si un partido decide participar se somete a un sistema discrecional, sin reglas claras y sin debido proceso”, planteó.
Dijo que el planteamiento de la reforma dejan la puerta abierta para que el gobierno use a la UIF y al CNI como herramientas de control político
“Van a poder vetar candidaturas incómodas usando información reservada sin necesidad de presentar pruebas reales ante un juez, esto no es justicia, esto se llama persecución política”, advirtió.
El 25 de mayo, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, rechazó la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para crear una comisión dentro del INE para verificar que las candidaturas no tengan vínculos o antecedentes con la delincuencia o el narcotráfico.
“El INE no puede, ni debe, convertirse en juez y parte de una contienda política. Nuestra función constitucional es organizar elecciones, garantizar condiciones de equidad, certeza, legalidad y transparencia. Nuestra función no es validar la integridad de las candidaturas ni calificar los antecedentes de las y los aspirantes”, afirmó.