Casi cuatro años después de que una ola de ataques armados e incendios paralizó Juárez, ayer comenzó el juicio oral por terrorismo derivado del llamado “Jueves Negro”, un proceso federal poco común en México en el que la Fiscalía General de la República (FGR) busca demostrar actos de terrorismo cometidos por dos inculpados que habrían participado en el incendio de un camión de transporte público en Riberas del Bravo Etapa 8, acto que formaría parte de una estrategia coordinada para sembrar miedo entre la población.
TOMADA DE ELDIARIO.MX
La audiencia marcó el inicio del debate de juicio oral dentro de la causa penal 8/2023, en la que Juan Carlos V. es acusado de instigar el incendio del camión de transporte público número económico 932, y Jorge Antonio C. B. de ejecutarlo utilizando dos bombas molotov.
Ambos juzgados fueron detenidos el 11 de agosto de 2022 entre las calles Rivera de Delicias y Rivera de Tepeyac, en el fraccionamiento Riberas del Bravo.
De acuerdo con la teoría de la Fiscalía, el objetivo de esos ataques era provocar terror entre la población e impedir el traslado de un objetivo considerado de alta peligrosidad recluido en el Cereso Estatal 3.
El juicio inició en el Tribunal de Enjuiciamiento Número 2, presidido por la jueza Victoria Alejandra Espinoza Alaniz, y desde sus primeras horas dejó claro que no sería una audiencia ordinaria.
Durante el 11 y 12 de agosto de 2022, una serie de ataques simultáneos dejó 11 personas asesinadas y al menos 12 lesionadas, además de negocios y vehículos incendiados.
Entre las víctimas hubo clientes de una pizzería, empleados de comercios, entre otros ciudadanos ajenos a los enfrentamientos.
La Fiscalía sostiene que aquellos hechos no fueron actos aislados, sino ataques coordinados dirigidos contra la población civil para generar un clima de terror.
La defensa, en cambio, sostiene que el Ministerio Público no cuenta con pruebas para acreditar la existencia de un plan concertado ni para demostrar quién ordenó los ataques.
Dos horas para organizar a los testigos
Aunque la audiencia estaba programada para las 11:00 de la mañana, comenzó alrededor de las 11:30 horas. Sin embargo, el primer testigo no rindió declaración sino hasta la 1:30 de la tarde.
La demora obedeció a problemas de organización de la propia Fiscalía.El Ministerio Público informó que ofrecerá 132 testigos durante el juicio y que hasta ahora ha logrado notificar a 92.
Para esta primera jornada fueron citadas 43 personas, pero los fiscales reconocieron que aún no tenían definido el orden en que declararían.
La jueza decretó tres recesos para que el Ministerio Público reorganizara la lista de comparecientes de ayer, así como la de las audiencias del jueves y viernes.Varios de los testigos permanecieron durante horas en espera y finalmente fueron retirados sin declarar.
Al final, únicamente diez testigos fueron llamados a declarar y todos rindieron protesta de decir verdad de manera conjunta para agilizar el desarrollo del juicio.Pero los contratiempos no terminaron ahí.
En distintos momentos de la audiencia, la jueza llamó al orden a integrantes de la defensa al advertir que conversaban y reían mientras se desarrollaban los interrogatorios.
Más tarde también tuvo que intervenir cuando defensores y agentes del Ministerio Público comenzaron a responderse entre sí durante las objeciones, recordándoles que era ella quien debía resolver cada planteamiento procesal.
La ciudad bajo ataque
El primer testigo fue Marcos Abraham V. G., encargado del Área de Informática Forense y Análisis Digital de la Fiscalía General del Estado.Explicó que elaboró un informe que reconstruye cronológicamente lo ocurrido entre la una de la tarde del 11 de agosto y las siete de la mañana del día siguiente.
Para ello integró llamadas al 911, ingresos al Servicio Médico Forense, reportes policiales y una cartografía en la que ubicó 29 eventos violentos, entre homicidios, incendios, ataques armados y personas lesionadas.
El recorrido comenzó con el motín en el Cereso 3, siguió con el hallazgo de un cuerpo, el incendio de un vehículo sobre la carretera Juárez-Porvenir, ataques a una tienda Oxxo, un Rapiditos VIP y una gasolinera; así como personas lesionadas en un Del Río, el robo violento de un vehículo, detonaciones en el exterior del penal, la quema de una tarimera y la detención de tres personas tras intentar incendiar un camión en Riberas del Bravo.
Además, ataques armados sobre Tecnológico, Gómez Morín y Teófilo Borunda, el asesinato de tres personas en Santiago Troncoso, otro homicidio en Parajes de Oriente, el ataque contra un Little Caesars de la avenida Ejército Nacional (donde murieron cuatro personas), el lanzamiento de una granada contra un centro de rehabilitación y varias balaceras más hasta minutos antes de la medianoche.
La Fiscalía intentó proyectar un mapa como apoyo visual durante su declaración, pero la defensa se opuso de inmediato.
Argumentó que la cartografía no formaba parte de los autos de apertura a juicio y que el Ministerio Público pretendía utilizar el documento sin justificar legalmente su exhibición, cuando el testigo debía declarar de manera oral.
Los defensores sostuvieron que, si el perito iba a consultar el documento, debía tratarse de un ejercicio de memoria debidamente fundado o de un mecanismo para superar una contradicción, no para leer de manera indirecta el contenido del informe.
Incluso advirtieron que vulnerar las reglas del juicio oral podría derivar en una eventual reposición del procedimiento.
Finalmente, la jueza permitió la exhibición del mapa y la Fiscalía continuó el interrogatorio mediante ejercicios de memoria, pidiendo al testigo identificar uno por uno los hechos registrados aquella tarde.
El motín que desató la violencia
Uno de los testimonios que más atención concentró durante la primera jornada del juicio fue el del agente ministerial Josué M. C., quien reconstruyó lo que encontró al ingresar al Cereso 3 la tarde del 11 de agosto de 2022.
Relató que el botón de pánico se activó a las 13:55 horas y que unos 20 minutos después llegó al penal, donde ya se reportaba un motín con detonaciones de arma de fuego.
Junto con otros elementos ingresó al Área 2 por un boquete abierto cerca de una ventana, mientras el resto de las corporaciones permanecían resguardando el exterior.
Dentro, dijo, encontraron colchones incendiados, daños en los patios, personas privadas de la libertad lesionadas y dos internos sin vida sobre las canchas de basquetbol.
El agente afirmó que ese día era de visita familiar, por lo que dentro del Cereso había mujeres, niñas, niños y adultos mayores.
Según declaró, cuando comenzó el ataque tanto las personas privadas de la libertad como sus familiares intentaron resguardarse para ponerse a salvo de las detonaciones.
Durante su testimonio aseguró que “El Neto”, “El Pompín”, “El Chilín” y “El Yaki” eran custodiados por un grupo conocido de manera extraoficial como “La Patrulla”, integrado por custodios del penal.
De acuerdo con su declaración, esa unidad los escoltaba dentro del penal y les proporcionó armas de fuego, con las que posteriormente comenzaron los disparos.
El testigo afirmó que apenas había terminado de procesar la escena, cuando el botón de pánico comenzó a alertar de hechos violentos por toda la ciudad.
Mientras el Tribunal escuchaba los testimonios, los padres de Jorge Antonio C. B. insistieron en la inocencia de su hijo.
El padre, René, aseguró que el proceso está “muy viciado” y afirmó que a su hijo se le practicó el Protocolo de Estambul con un resultado positivo a tortura, y sostuvo que una persona que inicialmente lo señaló en los hechos posteriormente se retractó.
Su madre, Rocío, dijo que Jorge Antonio está por cumplir cuatro años en prisión preventiva en el Cereso número 1 de Chihuahua y que el proceso ha significado un fuerte desgaste para la familia.
También sostuvo que el proceso del fuero común por los daños al camión ya quedó resuelto y que ahora enfrenta únicamente la acusación federal por terrorismo.
La primera jornada concluyó con apenas 10 testimonios desahogados y un juicio que apenas comienza.
Las audiencias continuarán hoy, mañana y el 20 de julio, cuando la Fiscalía seguirá presentando peritos, agentes y testigos para sustentar la acusación, mientras la defensa buscará desacreditar la teoría de que los ataques del “Jueves Negro” constituyeron un acto de terrorismo.