Chihuahua— Pese a las acciones implementadas por autoridades de los tres niveles de gobierno, la violencia provocada por el crimen organizado en Guadalupe y Calvo, cuyos estragos ya han alcanzado a la población civil con asesinatos, toques de queda, ‘levantones’ y desplazamiento forzado, no ha sido contenida, por el contrario, en el presente año muestra una tendencia al alza con algunos eventos de alto impacto.
En el rubro de asesinatos, del 1 de enero al 23 de julio, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha contabilizado 59 víctimas, entre ellas 58 de homicidio doloso y una de feminicidio.Tan sólo del 20 al 22 de julio fueron 10 las personas privadas de la vida, entre ellas un reconocido feligrés de la comunidad cristiana de Yerbitas y su padre, así como tres hombres cuyos cuerpos fueron abandonados dentro de un camión de la paraestatal Diconsa, aunque las autoridades descartaron que sean trabajadores del Gobierno federal.
En comparación con otros años, 2026 ya superó las 51 muertes violentas ocurridas en 2023, que incluyen tres feminicidios, y además está a cinco casos de alcanzar la incidencia total de 2025, que cerró con 64 homicidios –entre ellos dos por razones de género–.En 2021 hubo 67 asesinatos (66 homicidios dolosos y un feminicidio); en 2022 fueron 65 (64 homicidios y un feminicidio), y en 2024, año con mayor incidencia en la presente administración, hubo 79, todas de homicidio doloso.El total en cinco años y medio es de 385 personas asesinadas en uno de los municipios más afectados por la delincuencia organizada y las disputas territoriales entre grupos que ven esta zona como un bastión para controlar las actividades ilícitas en el norte de México.En este año, los hechos de sangre comenzaron desde los primeros días, pero destaca una racha violenta en febrero, que dejó al menos cinco asesinatos en la región de Atascaderos, incluido el de un adolescente de 14 años identificado como A. R. N, ocurrido el día 18, y de otra menor de la misma edad y de iniciales K. N. V. R., el 28 de febrero, así como varios ataques con granadas, lo que propició la huida de las personas hacia otros municipios.
El 6 de abril ocurrió el ataque a una avioneta cerca de la región conocida como Cabeza del Cuervo, entre los límites de los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, en la que viajaban un empresario minero inglés, dos geólogos estadounidenses y un piloto chihuahuense que realizaban vuelos como parte del proyecto minero Copalquin, Durango.Todos salvaron su vida gracias a que el piloto pudo aterrizar de emergencia su avioneta Cessna en la pista de Santa Rosalía de Carrizales. Aunque pudieron huir, los agresores ubicaron la nave en tierra con un dron, desde el que dejaron caer cargas explosivas que la calcinaron en su totalidad.El 8 de mayo fueron localizados dos cuerpos a bordo de una camioneta incinerada en las inmediaciones de la comunidad El Ocote, en el camino hacia Puerto Las Vírgenes, donde además fueron asegurados casi 60 casquillos calibre .223, así como algunos 7.62×39.El pasado 29 de junio, una mujer de 39 años de edad, de nombre Laura Anahí C.A., arribó sin vida al aeropuerto Frisco, ubicado en el municipio de San Francisco del Oro.
La mujer originaria de la comunidad de Cinco Llagas presentó amputación parcial de pierna derecha, a la altura de tibia y peroné, que presumen que fue provocada por un artefacto explosivo.Los últimos hechos de impacto en aquel municipio fueron el hallazgo del pastor Miguel Ángel Valenzuela Martínez y su padre, Ángel Valenzuela Cano, el 20 de julio, a la altura del kilómetro 5 del tramo carretero que conecta a El Ocote con la cabecera de Guadalupe y Calvo.De acuerdo con el fiscal de Distrito Zona Sur, Guillermo Hinojos Hinojos, ambos habrían sido privados de la libertad desde el 18 de julio por presunto integrantes del Cártel de Sinaloa.Ese mismo día, cerca de las 17:30 horas fue reportado el hallazgo de otros cuatro cuerpos en el lugar conocido como Ojo Frío. Las autoridades aseguraron los cadáveres y diversos casquillos percutidos de calibres 7.62×39 mm, .223 mm y calibre .50 mm.Hasta ayer, sólo había sido identificado Adolfo R. B., de 23 años, con domicilio en Guadalupe y Calvo.El miércoles 22 dieron a conocer el hallazgo de tres cuerpos dentro de la caja de una camión de la empresa paraestatal Diconsa-Segalmex, el cual estaba abandonado en el tramo carretero que conduce a la comunidad de El Ocote.De acuerdo con el titular de la oficina de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Benjamín Carrera Chávez, las víctimas no eran parte de Diconsa o de alguna área del Gobierno federal.Lo mismo fue expuesto por el fiscal Guillermo Hinojos, quien añadió que aún continúan con la identificación de las víctimas, cuyas edades parecen oscilar entre los 16 y los 25 años.Asimismo, el funcionario indicó que el conductor y único tripulante del camión fue localizado con vida el mismo miércoles.Además, también el 22 de julio, fue encontrado un cuarto cuerpo, el décimo en dos días. El fallecido, de entre 30 y 35 años, fue hallado en localidad de Llano Blanco y hasta ayer no había sido identificado.