El más reciente en ingresar es Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, acusado por la Fiscalía General de la República de ocultar evidencia clave en el caso Ayotzinapa
El penal de máxima seguridad El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, mantiene recluidos desde el 6 de agosto de 2026 a cinco exgobernadores mexicanos, todos acusados de delitos graves cometidos durante o después de su gestión pública. La llegada más reciente fue la de Ángel Heladio Aguirre Rivero, exmandatario de Guerrero, vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el ocultamiento de videos clave en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Con la detención del funcionario, la prisión se convierte en el punto de convergencia para exmandatarios de Guerrero, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y Puebla. Entre ellos figuran cuatro antiguos miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y uno del Partido Acción Nacional (PAN), quienes fueron señalados por causas penales que marcaron el final de sus trayectorias políticas.
A continuación se describen los perfiles de los cinco exmandatarios recluidos y los motivos que los llevaron a esta prisión federal, considerada la más segura y estricta del país.
Ángel Heladio Aguirre Rivero: de Ometepec al PRD y al Altiplano
Nacido el 21 de abril de 1956 en Ometepec, Ángel Heladio Aguirre Rivero inició su carrera en la administración pública en 1979 y militó durante más de 30 años en el PRI. Fue diputado federal, senador y gobernador interino de Guerrero entre 1996 y 1999, tras la renuncia de Rubén Figueroa Alcocer por la masacre de Aguas Blancas.
En 2010, luego de que el PRI eligiera a otro candidato para la gubernatura, Aguirre renunció al partido y buscó la nominación del PRD para el estado de Guerrero, Con ello, ganó la elección en 2011 con el 55.92 por ciento de los votos y asumió el cargo el 1 de abril, pero renunció el 23 de octubre de 2014, un mes después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Actualmente, Aguirre Rivero está vinculado a proceso por su presunta participación en el ocultamiento de videos clave sobre la desaparición de los estudiantes en 2014. La Fiscalía General de la República sustentó la acusación en testimonios de exfuncionarias del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, entre ellas Lambertina Galeana Marín y Blanca María del Rocío, ambas también sujetas a proceso penal.
Según la versión ministerial, el 29 de septiembre de 2014, Aguirre habría recibido material videográfico relacionado con los hechos de Ayotzinapa, durante una reunión en Palacio de Gobierno. Dichas grabaciones, obtenidas de las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, presuntamente mostraban la intercepción de un autobús y la actuación de policías y hombres armados.
La defensa de Aguirre Rivero presentó 31 pruebas para desacreditar la acusación, incluyendo el testimonio del excoordinador general de Transporte Aéreo del Gobierno de Guerrero, Felipe Martín Ornelas Rebollo, quien aseguró que el entonces gobernador no estuvo en Chilpancingo en el horario señalado. De acuerdo con esa versión, Aguirre se encontraba en la Ciudad de México hasta las 19:00 horas y regresó a Casa Guerrero a las 23:00 horas, lo que haría imposible que recibiera los videos a las 20:30 horas.
Durante la audiencia de vinculación a proceso, que se prolongó por más de 14 horas, Aguirre Rivero alegó que las acusaciones en su contra eran resultado de una venganza política de la funcionaria denunciante. El juez determinó imponerle prisión preventiva por cuatro meses, periodo en el que se desarrollará la investigación complementaria del caso.
La ausencia de las grabaciones fue atribuida oficialmente durante años a fallas técnicas en el sistema de cámaras. Ahora, el proceso legal contra Aguirre Rivero se centra en determinar si él ordenó la desaparición intencional de ese material, pieza clave para esclarecer el ataque y la desaparición de los normalistas.
Ernesto Ruffo Appel: el primer gobernador de oposición, detenido por huachicol fiscal
Ernesto Guillermo Ruffo Appel nació el 25 de junio de 1952 en San Diego, California, y desarrolló su vida política en Ensenada, Baja California. El 1 de noviembre de 1989 asumió la gubernatura de Baja California bajo las siglas del PAN, y se convirtió en el primer gobernador de oposición reconocido oficialmente en México después de más de 60 años de administraciones estatales encabezadas por el PRI.
La FGR lo detuvo el 16 de julio de 2026 en Ensenada y lo trasladó al Altiplano. La fiscal general Ernestina Godoy describió el caso como “la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento”: la organización presuntamente liderada por Ruffo Appel introdujo gasolina y diésel desde Texas declarando ante las aduanas apenas el 10% del volumen real transportado, lo que representó un daño al fisco estimado en más de 4 mil millones de pesos entre enero y julio de 2025.
La red operó a través de Ingemar, empresa de la que Ruffo Appel es accionista mayoritario, mediante 162 carros tanque de ferrocarril y 4 mil 238 operaciones de importación irregular. La FGR detectó además movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias y operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de USD con un esquema de cuentas puente hacia empresas extranjeras.
Una jueza lo vinculó a proceso el 23 de julio de 2026 por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, tras una audiencia de más de 30 horas. Antes de la gubernatura, Ruffo Appel fue presidente municipal de Ensenada de 1986 a 1989; después ejerció como senador de la República de 2012 a 2018 y como diputado federal de 2018 a 2021.
César Duarte Jáquez: el exgobernador de Chihuahua con dos procesos penales
César Horacio Duarte Jáquez nació el 14 de abril de 1963 en Parral, Chihuahua. Estudió Derecho en la Universidad del Valle de México y militó en el PRI desde 1980, cuando ingresó al Frente Juvenil Revolucionario; gobernó Chihuahua de 2010 a 2016.
La FGR lo detuvo el 8 de diciembre de 2025 en la lateral del Periférico de la Juventud, en la ciudad de Chihuahua, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024. Ingresó formalmente al Altiplano a la 01:40 horas del 9 de diciembre, y una jueza dictó prisión preventiva tras una audiencia de más de 14 horas que concluyó la madrugada del 10 de ese mes.
La FGR le imputó el presunto desvío de 96.6 millones de pesos del erario estatal a dos empresas de su propiedad entre junio de 2011 y noviembre de 2014: la Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte SOFOM. De ese monto, 73.9 millones de pesos habrían sido introducidos al sistema financiero mediante ocho operaciones bancarias, lo que sustenta el cargo de lavado de dinero.
Duarte fue detenido por primera vez en julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio de 2022 para enfrentar un proceso por peculado y asociación delictuosa ante la fiscalía de Chihuahua. En 2019 el PRI lo expulsó de sus filas, tras haber sido señalado por su sucesor, Javier Corral, con una investigación que marcó el fin de su carrera política.
Tomás Yarrington Ruvalcaba: deportado de Estados Unidos al Altiplano
Tomás de Jesús Yarrington Ruvalcaba nació el 7 de marzo de 1957 en Matamoros, Tamaulipas. Estudió Economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) con mención honorífica, cursó Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León y obtuvo una maestría en Administración Pública en la Universidad del Sur de California.
Su carrera política inició en 1991 como diputado federal; fue presidente municipal de Matamoros entre 1993 y 1995, y asumió la gubernatura de Tamaulipas el 4 de febrero de 1999, cargo que ejerció hasta 2005. Hacia el final de su mandato expresó públicamente su interés por contender por la presidencia de la República.
El gobierno de Estados Unidos lo deportó en abril de 2025 por el cruce fronterizo San Diego-Tijuana, tras cumplir una condena en ese país por lavado de dinero. Elementos de Interpol México, dependientes de la FGR, lo recibieron y ejecutaron dos órdenes de aprehensión: una por delitos contra la salud y otra por operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que fue trasladado al Altiplano.
Mario Marín Torres: el “Góber Precioso” y el caso Lydia Cacho
Mario Plutarco Marín Torres nació el 28 de junio de 1954 en Nativitas Cuautempan, Puebla. Abogado egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), militó en el PRI desde 1972, fue secretario de Gobernación estatal, presidente municipal de Puebla entre 1999 y 2002, y gobernó el estado del 1 de febrero de 2005 al 31 de enero de 2011.
La FGR lo detuvo el 3 de febrero de 2021 en Acapulco y lo trasladó ese mismo día al Altiplano, acusado del presunto delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
El caso se remonta a diciembre de 2005, cuando Cacho fue detenida en Cancún y trasladada por carretera a Puebla, tras la publicación de su libro Los demonios del Edén, en el que documentó una presunta red de explotación sexual infantil vinculada al empresario Kamel Nacif Borge.
En febrero de 2006, el diario La Jornada publicó una grabación telefónica entre Marín y Nacif en la que este último felicitaba al entonces gobernador por la detención de la periodista; esa conversación, en la que Nacif llamó a Marín el “Góber Precioso”, se convirtió en la prueba central del escándalo. En agosto de 2024 un juez le concedió prisión domiciliaria por problemas de salud, pero semanas después un tribunal federal revocó esa medida a instancias de la FGR y la representación legal de Cacho, por lo que fue reingresado al penal, donde permanece mientras aguarda sentencia definitiva.