El 17 de octubre, la fiscal general Ernestina Godoy anunció una orden de aprehensión por traición a la patria contra César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua. Conviene separar tres preguntas: si hubo intervención extranjera ilícita, quién responde por ella y si eso es traición.
OPINION
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La gravedad de una acusación no suple la prueba de sus elementos. El 17 de octubre, la fiscal general Ernestina Godoy anunció una orden de aprehensión por traición a la patria contra César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua. Según la FGR, habría ordenado y coordinado en abril el operativo de El Pinal, municipio de Morelos, con participación de extranjeros sin autorización federal. También habría ocultado información a la Federación. Al regreso, un accidente mató a dos estadounidenses, identificados por la prensa como agentes de la CIA, y a dos funcionarios estatales. En Chihuahua enfrenta, además, cargos por ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Son señalamientos graves. Conviene separar tres preguntas: si hubo intervención extranjera ilícita, quién responde por ella y si eso es traición.
Primero. Cooperar no es ceder. México intercambia información con otros Estados para combatir el crimen transnacional. Eso es lícito. Lo ilícito es que funcionarios extranjeros ejerzan potestades reservadas a nuestras autoridades. Desde abril de 2025, el artículo 40 constitucional dispone que no se consentirá intervención en investigación y persecución alguna “sin la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano”. La Ley de Seguridad Nacional, adicionada en diciembre de 2020, fija las reglas. El artículo 69 sólo permite internar agentes extranjeros “para fines de intercambio de información”. Su acreditación la resuelve Relaciones Exteriores, previo acuerdo con Seguridad, Defensa y Marina. El 70 obliga a los servidores públicos estatales a informar por escrito, en tres días, de todo contacto con esos agentes, y exige autorización previa para reunirse con ellos. El 71 les prohíbe ejercer facultades mexicanas y practicar detenciones.
Si personal extranjero ejecutó funciones policiales sin habilitación, hubo una transgresión grave. Si un fiscal lo facilitó a sabiendas, habrá responsabilidades. Ninguna investidura permite disponer de atribuciones ajenas. Pero la propia ley marca el cauce. El artículo 70 remite su incumplimiento a la responsabilidad administrativa o penal “de conformidad con las leyes respectivas”. No crea un delito. Menos aún lo convierte en traición. La fiscalía estatal, de hecho, ya imputa ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Si se probara que alguien puso deliberadamente la fuerza pública bajo mando extranjero, el reproche crecería. Aun así, habría que identificar el delito efectivamente cometido. El derecho penal exige una conducta típica, antijurídica y culpable. Confundir irregularidad con traición no fortalece la soberanía. Debilita la justicia.
Segundo. El artículo 123 del Código Penal Federal no sanciona toda afectación a la soberanía. Enumera conductas, con penas de cinco a cuarenta años de prisión. La fiscal general dijo que los hechos atentan “contra la soberanía y la integridad de la nación”. Es el lenguaje de la fracción I. Pero esa fracción exige algo más: actuar “con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”. La finalidad es elemento del tipo. Probar una intervención no autorizada no prueba el propósito de someter al país.
La fracción II pide igual cuidado. Sanciona a quien tome parte en hostilidades contra la Nación mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero. También a quien coopere con éste en alguna forma que pueda perjudicar a México. No exige guerra declarada, y el artículo prevé modalidades en tiempos de paz. Pero la cooperación debe precisarse: con quién, para qué y con qué perjuicio. Según la propia FGR, el operativo desmanteló un laboratorio clandestino de droga. El perjuicio tendrá que explicarse, no presumirse. Debe discutirse la fracción aplicable, no la imagen literaria del traidor.
Falta, además, la atribución individual. En abril, la unidad especial de la fiscalía estatal apuntó al director de la AEI, fallecido en el accidente. No había registro de que pidiera autorización ni de que informara a sus superiores. Hoy, el Ministerio Público local sostiene que Jáuregui y el extitular de Operaciones Estratégicas acordaron incorporar a los extranjeros. El juez excluyó la declaración de este último. Al renunciar, Jáuregui reconoció una “responsabilidad política”. Eso no es confesión penal. Importan documentos, comunicaciones y cadena de mando, sometidos a contradicción. Más de cien actos de investigación no sustituyen el nexo entre conducta y tipo.
Tercero. El artículo 14 constitucional prohíbe imponer pena alguna “por simple analogía, y aun por mayoría de razón”. La gravedad de un acto no permite encajarlo en el delito más severo. El 24 de marzo, al resolver por unanimidad la acción de inconstitucionalidad 94/2025, la Suprema Corte recordó que el tipo no puede ser vago ni demasiado amplio. Con apoyo en la Corte Interamericana, añadió que el juez debe ajustar la conducta al tipo con el mayor rigor, para no castigar actos no punibles. Y precisó que la taxatividad “no genera impunidad”.
La calificación tampoco es inocua. El artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales impone prisión preventiva oficiosa por traición. Un juez local permitió a Jáuregui enfrentar en libertad la causa estatal; minutos después, la FGR ejecutó la orden federal. Elegir el delito es también elegir la cárcel anticipada. La orden de aprehensión sólo acredita datos del hecho y una probabilidad de participación; no es sentencia. Ni una disputa política acredita persecución ni un discurso patriótico convalida una imputación. El artículo 129 de ese código obliga a investigar con objetividad lo que acusa y lo que exculpa.
La investigación tampoco debe detenerse en la parte mexicana. El artículo 72 de la Ley de Seguridad Nacional no reconoce inmunidad alguna a los agentes extranjeros que delincan o ejerzan funciones reservadas. Si alguno tuviera estatus diplomático, la Convención de Viena abriría otro cauce, no la impunidad. ¿Quién los envió? ¿Qué sabía su gobierno? Exigir cuentas sólo de este lado de la frontera deja incompleta la defensa de la soberanía. Y sin registros ni autorizaciones se confunden inteligencia, asistencia y mando operativo.
La República debe sancionar cualquier cesión ilegal de facultades, sin pedir permiso a otros gobiernos. No debe expandir los delitos para aparentar fortaleza. La patria se protege haciendo cumplir la ley, no haciendo que la ley diga lo que la tribuna quiere escuchar.
