Agentes de la CIA operaron dentro de una fiscalía mexicana durante seis meses y el gobierno federal se enteró cuando una camioneta explotó en un barranco. La semana en que Trump anunció operaciones en tierra, el único acusado de traición a la patria es el exfiscal de Chihuahua que los dejó entrar.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Trump anuncia operaciones en tierra y México encarcela a un exfiscal por traición a la patria
El jueves, desde la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos dijo esto sobre las operaciones militares contra los cárteles: «Ni siquiera hemos empezado.»
Dijo que «todavía no hemos actuado en tierra con toda la fuerza, pero eso está comenzando». Dijo que conoce las rutas. Dijo que los cárteles tienen «un plazo determinado para, básicamente, rendirse». Dijo que los cárteles gobiernan México y que el gobierno mexicano debería combatirlos, pero que «ahora mismo no son capaces». De la presidenta dijo que se lo ha dicho, que no está contenta y que es una gran mujer. De las lanchas que su ejército bombardea en el Caribe y el Pacífico dijo que cada una mata a miles de personas y que no siente compasión por quienes van a bordo. Y bromeó: ya nadie sale a pescar.
El lunes, en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum confirmó que Trump le ha dicho en llamadas que hay zonas de México gobernadas por los cárteles. Aclaró que nunca usó la palabra narcopolíticos.
Es una precisión del tipo que no mejora nada.
Entre esas dos fechas, el Estado mexicano ejecutó su único acto soberano de la semana. El sábado detuvo en Chihuahua a César Jáuregui, exfiscal general del estado, y lo acusó de traición a la patria. El domingo lo trasladaron al penal del Altiplano. El martes un juez le dictó prisión preventiva oficiosa.
No por el huachicol. No por los cárteles. Por haber dejado entrar a los americanos.
Los hechos son graves y porque son peores de lo que parecen.
Entre el 17 y el 19 de abril de este año hubo un operativo en la sierra de El Pinal contra un laboratorio clandestino. El inventario resultó enorme: más de 55 mil litros de sustancias líquidas, unas 50 toneladas de sólidos y cerca de 2 mil litros de metanfetamina. De regreso, una camioneta cayó a un barranco y explotó. Murieron cuatro personas: Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación; Manuel Genaro Méndez Montes, su escolta y piloto; y dos ciudadanos estadunidenses presuntamente vinculados a la CIA, que antes de llegar a México habían servido en Afganistán y en otros países.
Ahora el dato que debería estar en todas las primeras planas y está en ninguna. Según la propia Fiscalía de Chihuahua, esos agentes llevaban en el estado desde octubre de 2025: medio año antes del operativo. Sin autorización. Acudían a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación sin justificación registrada. Daban entrenamiento.
Es decir: agentes extranjeros operaron dentro de una fiscalía mexicana durante seis meses y el gobierno federal se enteró hasta el día en que una camioneta se cayó a un barranco y explotó.En Michoacán, ocho municipios suspenden clases por Boris y 113 por inauguración del MundialLeer Más
La Fiscalía General de la República armó el expediente con más de cien actos de investigación. Ernestina Godoy calificó los hechos de «un ataque al pacto federal y a la división de poderes»: Jáuregui habría ocultado información a la Federación, habría permitido la intervención de extranjeros sin facultades y habría avisado a las fuerzas federales sólo después del operativo, sin carpeta previa y sin entregar cadena de custodia.
Él lo niega todo. En su audiencia del domingo —según fragmentos difundidos por la prensa— sostuvo que no dio ninguna instrucción y que no existe una sola prueba que lo coloque ahí: «ni una orden, ni un WhatsApp». Invocó los testimonios de más de 40 funcionarios, telefonía, geolocalización. Dijo que las reuniones que la Fiscalía exhibe en video eran las habituales de su cargo. Dijo que renunció para no interferir. Dijo que el caso es político.
Y aquí es donde hay que mirar el mecanismo, porque el mecanismo es la noticia.
Un juez de control estatal resolvió que Jáuregui podía enfrentar su proceso en libertad, con medidas cautelares, por los delitos locales que le imputan: ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Al terminar esa audiencia, en la puerta, agentes federales ejecutaron la orden por traición a la patria. Ese delito —artículo 123 del Código Penal Federal, de cinco a cuarenta años— trae prisión preventiva oficiosa. No admite discusión, no admite juez que la pondere, no admite medida alternativa.
De modo que la calificación jurídica no fue un hallazgo de la investigación. Fue la herramienta que garantizaba el resultado que una audiencia acababa de negar.
Hay que medir lo que significa ese delito en este país, porque no es un artículo cualquiera del catálogo.
La última vez que alguien fue condenado en México por traición a la patria fue en 1867: Miguel Miramón y Tomás Mejía, juzgados y fusilados en el Cerro de las Campanas por haber apoyado la intervención francesa. En 1945, tres diputados del caso Bracero fueron acusados, pasaron ocho meses en Lecumberri y salieron por amparo. Entre una fecha y otra y hasta hoy, el delito funcionó como insulto político de lujo: se acusó a Santa Anna, a Lorenzo de Zavala, a Victoriano Huerta por pactar con la embajada estadunidense; después a Felipe Calderón por denuncia de un activista, a Peña Nieto y a Videgaray por Odebrecht, a senadores del PAN por recibir a Santiago Abascal y hasta al Chapo Guzmán López por la entrega del Mayo Zambada. Ninguna llegó a proceso.
La primera acusación por traición a la patria que llega a un juez en más de ochenta años es ésta. No es contra un presidente, ni contra un general, ni contra el operador de una red criminal. Es contra el exfiscal de un estado gobernado por un partido distinto al partido oficial.
Y hay que ponerla al lado de los otros expedientes de la misma institución, porque la comparación es el argumento.
Esta es la Fiscalía que en el caso Farías dijo no contar con «datos de prueba con la fuerza legal necesaria» para investigar al hijo del expresidente. La que no abrió carpeta cuando se publicó que un contratista del gobierno tenía 72 millones de euros en un banco suizo. La que indagó a Rubén Rocha Moya por narcotráfico sin investigar sus cuentas.
Esa misma Fiscalía reunió cien actos de investigación en seis meses cuando el acusado era un panista de Chihuahua.
La capacidad nunca fue el problema de la FGR. Es la dirección.
Dicho todo lo anterior, permitir que agentes extranjeros operen armados en territorio mexicano sin autorización es grave y es ilegal: para eso existen la Ley de Seguridad Nacional y la reforma de 2021 que endureció los controles sobre agentes extranjeros. Un operativo sin carpeta, sin cadena de custodia y sin aviso a la Federación es, además, un operativo que puede tumbar el caso penal del megalaboratorio que desmanteló. La Fiscalía de Chihuahua —que depende del mismo gobierno estatal al que pertenecía Jáuregui— también obtuvo órdenes contra él, así que esto no es sólo la Federación persiguiendo a un opositor. Y Jáuregui no está condenado: está imputado, lo niega, los agentes siguen siendo «presuntos» y Washington no ha confirmado oficialmente nada.
Pero es precisamente por lo grave de los hechos que la elección del delito les hace daño. La traición a la patria exige un acto contra la Nación en favor de una potencia extranjera. Lo que hasta hoy está documentado se parece más a la insubordinación, al ocultamiento y a una operación catastróficamente mal hecha. Eso también tiene nombre en la ley y dos de esos nombres ya están en el expediente estatal. Cuando un Estado necesita el delito más solemne de su Código para asegurar una celda, lo que muestra no es la gravedad del acusado: es su propia urgencia.
Queda, al final, la aritmética de la semana.
El presidente de Estados Unidos anunció desde su oficina que va a operar en tierra, dijo que este país está gobernado por los cárteles y lo repitió por teléfono a la presidenta, que lo confirmó en público. Por eso nadie va a ser procesado, aquí ni allá. La soberanía mexicana, tal como se ejerce hoy, tiene jurisdicción sobre quien abrió la puerta, no sobre quien entró por ella.
Ochenta y un años después, la traición a la patria volvió a tener un preso en México. La última condena fue en 1867, contra quienes dejaron entrar a los franceses. No es el que entró. Es el que abrió.