A horas de que se realicen las elecciones intermedias en EU, el presidente afirmó que una investigación del Departamento de Justicia apunta a que la administración de Gavin Newsom aceptó votos anticipados de personas que no están autorizadas a sufragar.
EFE.- El gobierno del presidente Donald Trump solicitó este lunes a la Corte Suprema de Estados Unidos que ordene a California apartar 20 mil boletas electorales por correo que, según alega el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), fueron enviadas por personas que no están autorizadas para votar por no ser ciudadanas.
La petición de emergencia del DOJ, sometida un día antes de que se realicen las votaciones de medio mandato en Estados Unidos, se presentó después de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazara los argumentos del gobierno para bloquear las papeletas y someterlas a un examen más exhaustivo.
La semana pasada, el gobierno de Trump había sufrido dos derrotas en su cruzada para apartar más de 20 mil votos.
El panel de apelaciones, al igual que un tribunal inferior, citó la cláusula de la Constitución de Estados Unidos que otorga a los estados el control sobre los procedimientos electorales.
«Si Estados Unidos considera que son necesarios procedimientos distintos para los votos por correo, creemos que deberían presentar esa sugerencia ante el Congreso, no ante los tribunales», escribieron los jueces en su decisión el viernes pasado.
La administración de Trump había acudido al Tribunal de Apelaciones con una petición de emergencia, después de que el juez David Carter, del Distrito Central de California, considerara que la solicitud del DOJ vulneraría la autonomía del estado para organizar sus propios comicios y pondría en riesgo el derecho al voto de ciudadanos estadounidenses.
En su resolución, advirtió que la medida podría privar a miles de electores de un derecho fundamental sobre la base de acusaciones inciertas y datos susceptibles de contener errores.
El Departamento de Justicia presentó la demanda el 15 de octubre, después de identificar, junto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), a más de 20 mil personas que considera posibles votantes no ciudadanos.
El gobierno solicitó que las autoridades electorales apartaran sus papeletas y verificaran su ciudadanía antes de contabilizarlas, pero California cuestionó la fiabilidad de la lista y rechazó la petición.
Las autoridades californianas advirtieron de que separar las papeletas identificadas sería difícil, puesto que los votos se desvinculan de los sobres con los datos de los electores durante el procesamiento, y podría generar retrasos e incertidumbre en el recuento.
La tensión entre California y la Casa Blanca ha aumentado a medida que se acercan las elecciones, y el gobernador Gavin Newsom anunció que desplegará abogados especializados en legislación electoral y observadores en todo el estado con el objetivo de «proteger cada voto», en respuesta a la directriz del gobierno de Trump de situar agentes federales en los centros de votación.