En medio de la controversia por la detención de seis jóvenes pertenecientes a una brigada juvenil del Partido Acción Nacional (PAN), se dieron a conocer los documentos que acreditan la autorización explícita y firmada del poseedor del inmueble para realizar trabajos de limpieza y la posterior rotulación del nombre “MARCO BONILLA” en la propiedad.

El ciudadano Edwin Humberto Moreno Martínez, poseedor del inmueble ubicado en el cruce de las calles Siglo XXI y Rivera de Cortez número 451, en la etapa VI de la colonia Riberas del Bravo, otorgó la autorización formal fechada el 19 de noviembre de 2026.
En la carta dirigida A quien corresponda, Moreno Martínez especifica textualmente que autoriza la pinta de la barda de su domicilio con el texto «MARCO BONILLA», acreditando su calidad de posesionario y adjuntando su firma autógrafa junto con una copia fotostática de su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE) con clave de elector MRMRED99060508H400.
La difusión de los permisos surge tras la denuncia pública realizada por el dirigente del PAN en Ciudad Juárez, Ulises Pacheco, quien calificó como arbitrario el arresto de los brigadistas juveniles Armando Martínez Solano, José Luis Martínez Solano, Luis Yair Alarcón Martínez, José Guillermo Herrera Arellano, Juan Diego González Muñoz y Ángel David Cruz Cárdenas.
De acuerdo con la dirigencia panista, la brigada se encontraba encalando y retirando propaganda política previa que hacía referencia al edil Cruz Pérez Cuéllar.
Asimismo, señalaron que la actuación de la Policía Municipal ocurrió sin que existiera una denuncia o querella por parte del dueño del predio. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) sostuvo que la intervención se originó por una llamada al teléfono comunitario del Distrito Riveras, en la que vecinos reportaron la presencia de personas realizando pintas en fachadas particulares.
La corporación aseguró que el procedimiento se llevó a cabo con apego a la normativa administrativa y que, durante la audiencia cívica, el Juez Cívico determinó imponer únicamente una amonestación verbal como apercibimiento, exhortando a los involucrados a solicitar autorizaciones por escrito previas para prevenir conflictos en la comunidad.
