El convenio es por un monto máximo de 71 mdd y tiene vigencia hasta 2030; la titular Blanca Cruz argumentó que cualquier firma conlleva una obligación

El Instituto Nacional Electoral (INE) no revocará, y mantendrá por ahora, el contrato en el que Guadalupe Taddei y el contratista Alfredo Hernández se repartieron en millones de pesos en ganancias.
En un video difundido por Latinus el 2 de noviembre pasado, se observó a Hernández Casillas y Taddei Zavala repartirse ganancias por el contrato que el INE firmó el 10 de diciembre de 2025 con Cosmocolor, S.A. de C.V., en participación conjunta con Icards Solutions, S.A. de C.V. y Talleres Gráficos de México.
Dicho convenio es por un máximo de 71 millones de dólares y tiene vigencia hasta 2030.
En otro video también difundido por Latinus el 21 de octubre, Hernández Casillas celebró en diciembre de 2025 con funcionarios del INE como Mario Burciaga, exdirector de Recursos Materiales y Servicios, por la firma del contrato, de lo cual incluso agradeció a Guadalupe Taddei.
En ese marco, la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, indicó que el contrato se mantendrá hasta que la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control (OIC) revisen el contrato y determinen si debe haber cambios o sanción a las empresas involucradas.
Cruz García argumentó que cualquier contrato conlleva una obligación del INE así como de quien presta el servicio.
«Todos los contratos están sujetos a revisión por las instancias competentes, así como a las determinaciones que tomen las autoridades competentes. (…) Si hubiera un tema que atender, nosotros tendríamos que atenderlo», dijo.
«Si en algún caso, alguna irregularidad debería de conllevar alguna sanción, algún cambio en el propio contenido del contrato, porque así lo determine la instancia competente, lo tendríamos atender”, sostuvo.
Actualmente, la ASF y el OIC del INE llevan a cabo investigaciones por separado sobre los contratos. Incluso, la ASF solicitó el bloqueo de cuentas bancarias de 25 personas y 15 empresas vinculadas con proveedores electorales.
Incluso, la Auditoría Superior de la Federación utilizó por primera vez a testigos protegidos e informantes clave en su investigación por corrupción en el INE, como parte del Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
A su vez, la Fiscalía General de la República (FGR) realiza una investigación de este caso por posibles delitos como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, entre otros.
