Mary Ng, ministra de Pequeñas Empresas, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá, expresó su preocupación por la reforma minera en México, aún en proceso de aprobación en el Senado mexicano.
Ng planteó sus puntos de vista al respecto durante una llamada con la secretaria de Economía de México, Raquel Buenrostro.
“La ministra Ng expresó su preocupación por las reformas mineras propuestas por México, que podrían afectar la inversión canadiense en el sector minero de México, así como los impactos potenciales en la competitividad de América del Norte y la resistencia de la cadena de suministro”, refirió el ministerio canadiense en un comunicado.
“La ministra reiteró la importancia de llevar a cabo consultas amplias y transparentes con todas las partes interesadas en relación con las reformas propuestas, incluidas las empresas canadienses, que representan el mayor grupo de inversionistas extranjeros en el sector minero de México”, agregó.
La funcionaria canadiense destacó las importantes contribuciones de las empresas mineras canadienses a la economía mexicana, y destacó la necesidad de que Canadá y México trabajen aún más estrechamente, dada la creciente importancia de la minería y los minerales críticos para la economía limpia del futuro.
Con este fin, Mary Ng instó a México a asegurarse de que están manteniendo el espíritu de los compromisos asumidos por los Líderes en la Cumbre de Líderes de América del Norte y del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Ng expresó también su entusiasmo por recibir a Buenrostro en Canadá los días 12 y 13 de junio de 2023 para una visita bilateral, que incluirá una reunión del Diálogo Económico de Alto Nivel Canadá-México.
Una iniciativa de legisladores de Morena plantea una vigencia de las concesiones mineras de 30 años, prorrogables por dos ocasiones, cada una por 25 años (la segunda con concurso, dando prioridad al tenedor de la concesión). Para las concesiones existentes se aplicaría la prórroga de 25 + 25 años.
La Ley Minera vigente establece que las concesiones tendrán una duración de 50 años y se prorrogarán por otros 50 años si sus titulares no incurrieron en las causales de cancelación previstas.
La reforma propuesta exige que las mineras devuelvan al menos 10% de las ganancias a las comunidades y divulguen los impactos de sus operaciones.
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