Luego de cuatro días de incertidumbre, el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) iniciaron este lunes una quinta ronda de negociaciones de paz, estancadas desde finales de octubre por el secuestro del padre de Luis Díaz, uno de los ídolos de la selección nacional de futbol.
El comienzo del nuevo ciclo fue a dado a conocer por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, país anfitrión de las conversaciones: “Confiamos en que, con la disposición de ambas partes y el apoyo de la comunidad internacional, esta nueva ronda de negociaciones en nuestro país abra vías para alcanzar una solución definitiva y duradera del conflicto”, dice el comunicado emitido por la Cancillería en el que se dice que ambas partes sostuvieron en suelo mexicano reuniones por separado desde el 30 de noviembre.
Fuentes cercanas a los diálogos dijeron a La Jornada que el tema central de los encuentros fue la búsqueda de un acuerdo para que la guerrilla excluya definitivamente el secuestro de sus prácticas financieras, atendiendo una fuerte presión de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional que acompaña este esfuerzo para consolidar la paz en Colombia.
Tanto el presidente Gustavo Petro como el jefe de la delegación gubernamental en la mesa, Otty Patiño, han dicho que sin esta decisión del ELN será muy difícil seguir avanzando en unos dialogos que cumplieron un año en noviembre, alcanzando, entre otros logros, la puesta en marcha de un alto al fuego de seis meses entre las partes.
A traves de su máximo comandante, Antonio García, la guerrilla contestó que el asunto de las “retenciones económicas” (como denominan al secuestro de civiles), no está aún en la agenda de conversaciones y rechazó lo que calificó como un “ultimátum del gobierno”.
El inicio de esta quinta ronda de negociaciones coincide con la reciente decisión de Petro de relevar al comisionado de paz, Danilo Rued, y nombrar en el cargo a Otty Patiño en medio de un ambiente de presiones de los sectores de extrema derecha y de la cúpula militar, que acusaban al gobierno de “hacerle demasiadas concesiones a los violentos”.
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