Para buscar una solución alterna al proceso penal que lleva, hoy el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, comparecerá ante el Poder Judicial de la Federación (PJF).
La búsqueda de este mecanismo por parte de la defensa del funcionario federal, acusado de ejercicio ilícito del servicio público, fue dada a conocer el pasado miércoles 20 de septiembre por el senador Emilio Álvarez Icaza en atención a medios en la Ciudad de México, en que denunció que Garduño extorsiona y chantajea a migrantes para exculparlo de la responsabilidad que tiene en la muerte de 40 varones migrantes en una estación migratoria provisional del INM en esta ciudad, incendiado el 27 de marzo.
Dado el anuncio de la comparecencia, organizaciones civiles acusaron que una solución alterna podría dejar en la impunidad lo que fue señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como violaciones graves de derechos humanos derivados del incendio de la estación migratoria.
El comisionado solicitó, con tres días de antelación, una audiencia ante el Poder Judicial de la Federación para buscar resolver su situación penal de manera anticipada en comparación con las demás personas implicadas, entre las que se encuentran otros funcionarios del Instituto Nacional de Migración, añadió el conjunto de asociaciones.
La solución alterna se encuentra a expensas del juez de control Víctor Mario Hernández Calderón, quien además lleva el proceso penal en cuestión, de acuerdo con Álvarez Icaza.
Las asociaciones suscribieron: “nos alarma que un funcionario de alto rango quiera evadir de esta manera la justicia, pues de concederse la ‘solución alterna’ quedaría libre de investigaciones y sus respectivas responsabilidades”.
El comunicado, firmado por Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción, Instituto para las Mujeres en la Migración y Asylum Access México, precisa que lo que busca Garduño, la solución alterna del procedimiento, es una vía legal reconocida pro el Código Nacional de Procedimientos Penales, que le permite a las personas imputadas terminar el proceso penal en su contra de manera alternativa mediante una de dos opciones: un acuerdo reparatorio (que implica la negociación con las víctimas) o la suspensión condicional del proceso en que se incluye un plan de reparación admitido o no por el juez, sin involucrar a las víctimas.
Yesenia Valdez, de la Fundación para la Justicia, precisó que “en otras palabras, es una forma de obtener la absolución sin que las investigaciones y el resultado de estas le finquen responsabilidad penal alguna por el atroz hecho del 27 de marzo”.
Añadieron que no se han concluido, además, las investigaciones, pruebas periciales ni dictaminaciones pertinentes para cuantificar la magnitud del daño sufrido por las víctimas, así fueran las personas fallecidas o las heridas. Del mismo modo, denunciaron “el silencio cómplice” de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que ha cancelado reuniones de trabajo con senadores en tres ocasiones.
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