El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que la defensa legal del comisionado Francisco Garduño Yáñez y del extitular de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, es costeada por los propios acusados del delito de ejercicio indebido del servicio público, tras el incendio de la estancia provisional Juárez.
Pero lo que sí paga el INM son los viajes a esta frontera que ha realizado la directora del Centro de Control y Confianza, Norma Alicia Hernández García, quien ha sido la acompañante del comisionado durante sus audiencias ante un juez federal de Control.
En respuesta a una solicitud de información realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Migración informó que los honorarios de los abogados particulares de Garduño y Molina “son acuerdos fijados en el ámbito privado” y por ser parte de la vida privada de los acusados no pueden emitir información, dio a conocer Alejandro Tagle Marroquín, subcomisionado jurídico del INM.
El funcionario destacó que toda persona tiene derecho a una defensa adecuada por un abogado, conforme lo establece la Constitución y la representación legal de Garduño y Molina Díaz es un tema del ámbito personal.
Según la respuesta recibida mediante la PNT, Hernández García incluso ha fungido como chofer de Garduño y ha permanecido por varias horas afuera del Centro de Justicia Penal Federal para llevarle agua, café o alimentos, como se ha observado en el edificio federal.
El INM declinó dar a conocer los informes de los resultados de las gestiones realizadas en esta ciudad por la servidora pública que goza de un salario de 132 mil pesos mensuales, de acuerdo con el último reporte del 2022 que hace público el INM por medio de la PNT.
El documento entregado por el INM a la solicitud de información realizada muestra los oficios de comisión: INM/407/2023 con fecha del 27 de abril; el INM/424/2023 expedido el 10 de mayo del 2023; el INM/429/2023 del 15 de mayo del 2023; el INM/440/2023 del 26 de mayo y el INM/447/2023 emitido el 9 de junio del 2023.
Estos oficios de comisión están signados por el comisionado Francisco Garduño y todos coinciden con las fechas de sus audiencias ante un juez federal, como la celebrada ayer por la tarde.
En el oficio fechado el 27 de abril, dirigido a la directora general del Centro de Evaluación de Control y Confianza, Garduño instruye que ha sido comisionada para realizar funciones oficiales fuera de su lugar de adscripción en esta frontera, con fecha del 2 al 16 de abril, por lo que el documento elaborado es posterior a la comisión asignada.
El mismo documento ampara el viaje del 19 de abril al 2 de mayo del año en curso.
El objetivo de la comisión es de apoyo operativo. Uno de los motivos por el cual los funcionarios del INM están sujetos a proceso es el ejercicio indebido de la función pública al no seguir los protocolos ni de protección civil, ni administrativos, como se vuelve a observar en este oficio de comisión signado hasta el día 27 por el propio titular del INM.
Para el traslado a esta frontera los días 11 y 12 de mayo, cuando fue celebrada la audiencia para la acumulación de causas penales, la servidora pública acompañó al comisionado también en una comisión de apoyo operativo. Ambos regresaron el día 16 para el cumplimiento de la medida cautelar de firma quincenal y Hernández García justificó el viaje con el oficio de comisión para de “apoyo operativo”, dijo Garduño Yáñez.
El comisionado regresó a la ciudad, junto con la directora del Centro de Control y Confianza, para firmar ante la Unidad Estatal de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECAS), y para ello llegaron el lunes 29 de mayo y aquí permanecieron hasta el martes 30.
El objetivo del viaje de la servidora pública fue justificado con la comisión de revisión de información del proceso de certificación del personal, mismo que aún no se ha dado a conocer si ya concluyó o el resultado.
Garduño Yáñez compareció nuevamente ante el juez penal federal el 13 de junio, por lo que él y Hernández García se trasladaron a Juárez desde el lunes 12. En esta ocasión la comisión fue una reunión de trabajo entre autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el INM.
El Centro de Control y Confianza del INM es un área técnica encargada de llevar a cabo las evaluaciones periódicas necesarias para comprobar el cumplimiento de los perfiles requeridos en los procedimientos de ingreso, permanencia y promoción del personal del Instituto y no está directamente involucrada con la política migratoria nacional o fronteriza.
El Diario solicitó a la vocera del INM, Edith Gómez, información en torno a los resultados de las comisiones realizadas por Hernández García en la ciudad, sin embargo, no respondió al mensaje enviado.
El INM tampoco ha dado respuesta en torno a los gastos que ha implicado el traslado de los servidores públicos a partir de que inició el proceso legal contra el comisionado Francisco Garduño Yáñez y del extitular de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, de quien se desconoce si sigue dentro del instituto.
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