La reforma aprobada por la Cámara de Diputados para extinguir 13 de 14 fideicomisos creados por el Poder Judicial Federal, afecta no sólo recursos públicos, sino dinero aportado por miles de trabajadores de su propio sueldo, según concluye el estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Los fideicomisos afectados representan alrededor de 15 mil millones de pesos y forman parte de la administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En dichos fondos, según concluye la revisión del IMCO, existen aportaciones de trabajadores de todos los niveles, a quienes les descuentan por nómina recursos que luego se destinan a prestaciones económicas y médicas extraordinarias.
La eliminación de estos fideicomisos, que funcionan desde 1998 en algunos casos, “pone en riesgo la estabilidad de fondos que no solo se nutren de recursos presupuestarios, sino también de las contribuciones de los propios trabajadores acumuladas a lo largo de años”.
“Estos fondos se utilizan para cubrir servicios médicos de emergencia, pensiones y reubicaciones derivadas de compromisos laborales. En resumen, este dictamen no solo afecta la integridad del Poder Judicial en su conjunto, sino que también perjudica a trabajadores que han dedicado su vida profesional a la carrera judicial”, expone el análisis.
El IMCO determinó que la reforma afecta la división de poderes y la independencia del Poder Judicial de la Federación.
“El propósito de fortalecer la transparencia y la gestión del uso de recursos públicos no requiere la extinción de fideicomisos públicos. La capacidad de autodeterminación interna es un elemento clave para el ejercicio de la autonomía presupuestal con la que cuenta el Poder Judicial”, destacó. “(Es) una reforma que se plantea como presupuestaria, pero que tiene un impacto negativo en la solidez del Poder Judicial, afecta el estado de derecho, el entorno empresarial y la inversión, reduciendo las condiciones de competitividad del país”.
Además, criticó el proceso legislativo para sacar la reforma, dado que se analizó la propuesta en la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública, cuando por su objetivo debió incluir a la Comisión de Justicia; asimismo, estuvo fundamentada en datos inexactos, como al calificar de subejercicios los recursos de los fideicomisos, cuando estas herramientas tienen reglas diferentes a la normativa presupuestal vigente.
Por ello, el IMCO llamó que el Senado de la República, que también debe aprobar la minuta enviada por la Cámara de Diputados, debe tomar en cuenta el impacto potencial en la independencia del Poder Judicial y en los derechos laborales de su personal.
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