El Estado debe garantizar que los espacios para el cuidado diario de los infantes sean seguros, consideró ayer Eduardo Sáenz, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en relación con el caso de las agresiones sexuales que presuntamente sufrieron niñas y niños al interior de la guardería Techo Comunitario.
La estancia, con número de registro U0499 y afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), permanece clausurada por parte del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y bajo investigación por parte del propio instituto.
“Esta guardería es de las que subsidia el IMSS, que tiene un órgano revisor a los convenios con estas instituciones, y si en las investigaciones de índole penal se llega a una sentencia, debe tener consecuencias como la cancelación de la concesión que se otorgó a esta guardería”, explicó.
Dijo que este tipo de “concesiones” a particulares, ya sea organizaciones de la sociedad civil o individuos, se otorgan por la falta de capacidad del IMSS de prestar este servicio a los derechohabientes.
“Lo más valioso que tiene la sociedad son las niñas y los niños, por lo que corresponde al Estado dar la seguridad, porque si no cumplen con la serie de requisitos el IMSS no les entrega el recurso”, abundó.
En tanto, la agencia del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) está reforzando los datos y elementos de prueba para formular la tercera acusación por abuso sexual agravado contra Naomy Yamile R. P., empleada de la guardería Techo Comunitario.
La audiencia de formulación de imputación está programada para el próximo 24 de agosto.
El archivo periodístico refiere que la mujer permanece en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Femenil 2 desde el pasado 8 de julio, cuando fue detenida mediante orden de aprehensión y posteriormente vinculada a proceso por el delito de abuso sexual agravado en contra de una niña, en hechos contenidos en la causa penal 3828/2023.
Posteriormente, el juez de Control Jorge Enrique González Rodríguez vinculó a proceso a la maestra por la causa penal 3926/23.
En ambos casos, los jueces encontraron evidencia suficiente para acreditar la probable comisión del delito y la vincularon a proceso. A petición de la representación social, mantiene la medida cautelar de prisión preventiva por un término de 24 meses.
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