EXFUNCIONARIOS SEGUIRAN RECLUIDOS…

La audiencia inicial por la causa penal 593/2023 sobre el delito de lesiones y daños a causa del incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 –en que 40 migrantes resultaron muertos y 27 heridos– fue diferida ayer hasta el 27 de agosto de 2024, por decisión de un juez de Control.

Por lo tanto, los tres exfuncionarios acusados permanecerán recluidos al menos siete meses más.

La sesión estaba programada para ayer a las 9:15 de la mañana, y empezó a las 10:10, aunque pocos minutos después se anunció la prórroga justificada en la imposibilidad material para la comparecencia oportuna, dada la falta de representación jurídica de las víctimas en la sala, y que el abogado de Jeison Daniel C. R. recibió apenas media hora después las ocho cajas que conforman la carpeta de investigación.

Minutos antes de las 9 de la mañana, una camioneta blanca tipo van descargó frente al Centro de Justicia Penal Federal dos juegos de copias de la carpeta de investigación del caso, que constaba de siete cajas con documentos. Ambas fueron entregadas a defensores particulares de los acusados.

A la sala de la audiencia ingresaron pasadas las 10:00 de la mañana tres mujeres, familiares de los tres exfuncionarios del Instituto Nacional de Migración a los que se busca imputar con los delitos mencionados: Daniel G. Y., Rodolfo C. T. y Gloria Liliana R. G.

Luego entraron dos hombres de la Fiscalía General de la República que se limitaron a permanecer sentados tomando apuntes atrás de los representantes del Ministerio Público.

Por último, asistió un representante de la sociedad civil organizada que da seguimiento y asesoría jurídica a algunas de las víctimas directas por el incendio, aunque sin nombramiento oficial como representantes ante el juez, por lo que acudió en calidad de público.

Los defensores particulares fueron los mismos para esta causa que para la anterior, en que se les acusó formalmente de homicidio doloso y uso indebido del servicio público.

Durante la presentación de la defensa, el representante de Jeison Daniel C. R. dijo que no había tenido acceso a la carpeta de investigación sino hasta media hora antes de la audiencia.

Luego el juez encargado del caso señaló que ninguna persona de asesoría jurídica de las víctimas acudió. La forma en que pedían hacerlo era videoconferencia, pero ésta fue negada por el Centro de Justicia ya que no había razones extraordinarias para solicitar esta modalidad, y la experiencia que habían tenido últimamente con las plataformas de videollamada había sido de inconsistencias.

Por esas razones, el juez, considerando que si empezaba la audiencia sin representación de la parte afectada ni un defensor plenamente informado de la acusación ya no iba a poder detener los plazos fatales que marca la Constitución Política de México, prefirió posponer la audiencia inicial hasta finales de agosto, a las 11:45 de la mañana.

Al final de la declaratoria de prórroga, el Ministerio Público Federal solicitó la notificación al Instituto Nacional de Migración, pues se encuentra como parte afectada del delito de daños.

De acuerdo con información vertida en la audiencia de solicitud de salida alterna de Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración, por el delito de uso indebido del servicio público, las afectaciones a la infraestructura de la estación migratoria tipo B ubicada debajo del puente internacional Stanton–Lerdo, la que se incendió en marzo de 2023, fueron evaluadas por un perito de la FGR en un millón 893 mil 915.38 pesos, a diferencia del millón 425 mil 689.97 pesos, señalados por la aseguradora del inmueble, Agraoasemex.

Enseguida, los tres exfuncionarios acusados, que se encuentran recluidos en Centros de Reinserción Social en esta frontera, pidieron al juez algo de comer, pues lo que los juzgados federales buscaban darles (atún y galletas) supuestamente les causaba reacción alérgica, por lo que el juez solicitó darles hamburguesas.

Los nuevos cargos son “un absurdo”, en vista de Jorge Vázquez Campbell, defensor de Jeison Daniel C. R. El litigante indicó luego de la sesión que no debería incluirse como una nueva causa penal, sino dentro de la que ya está en proceso, puesto que no se trata de una agravante ni contempla penas más duras que las de homicidio.

El 27 de marzo de 2023 por la noche, un incendio provocado al interior de la celda dedicada a la reclusión de varones migrantes detenidos por el INM se propagó y terminó con la vida de 40 personas y lesiones para 27 más. Fueron horas de acciones de rescate de las víctimas dadas las omisiones que se habían acumulado y derivado en la catástrofe, según valoraciones periciales expuestas con anterioridad, motivo por el cual fueron procesados dos migrantes venezolanos, ocho funcionarios del Instituto y un guardia de seguridad.

Con excepción de Garduño Yáñez y Molina Díaz, el resto siguen causas penales con acusaciones de homicidio doloso, lesiones y daños, así como ejercicio indebido de la función pública.