La diputada federal Lilia Aguilar Gil (PT), presidenta de la Comisión de Vivienda, exhortó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), a fin de eliminar el modelo de cobranza institucional, para el cual contratan despachos privados de manera extrajudicial.
En un comunicado, la diputada por Chihuahua indicó que con ese fin presentó un punto de acuerdo ante dicho órgano legislativo, el cual fue aprobado por unanimidad.
Aseguró que este mecanismo implementado por el FOVISSSTE ha dañado profundamente la salud mental, seguridad, paz y tranquilidad de las personas, ya que los referidos despachos son extremadamente violentos y ejercen formas ilegales de cobro, por lo que “es urgente eliminarlo y dar un respiro a quienes son perjudicados, día y noche, por estas agresiones”.
Señaló que no se pueden utilizar los recursos de los trabajadores del Estado para contratar a quien los persiga, amedrente, amenace y les mienta abiertamente de que perderán su hogar, tampoco ofender e intimidar a deudores o sus familias y, mucho menos, tratar de ridiculizarlos socialmente al llamar a las personas con los que están ligados.
Aguilar Gil insistió en la “desfachatez” con la que estas empresas contratadas externamente cobran a nombre del FOVISSSTE, aún y cuando no entienden la problemática que aqueja a cada afectado y se escudan en que solamente siguen la instrucción de “hacer pagar como sea”, pese a que se les paga con los fondos de las personas a las que está acosando y persiguiendo.
La legisladora petista consideró que el FOVISSSTE tiene la obligación de otorgar créditos accesibles y suficientes a las personas trabajadoras al servicio del Estado para que adquieran una vivienda digna y decorosa en legítima posesión.
Para ello, enfatizó que es inaplazable que brinden la atención adecuada a personas beneficiarias y deudoras, para dar solución a la problemática particular de cada una y no con privados que presionen y amenacen a las y los acreditados.
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