El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República (FGR), formulará una nueva imputación contra el venezolano Jeison Daniel C. R., y los empleados del Instituto Nacional de Migración (INM) Rodolfo C. T., Gloria Liliana R. G. y Daniel G. Y.
La audiencia inicial será celebrada el próximo 17 de enero del 2024 por los hechos ocurridos el pasado 27 de marzo del 2023, cuando resultaron lesionadas 27 personas, entre ellas dos venezolanos que ahora enfrentan cargos por el delito de homicidio doloso.
Abogados de los acusados expusieron que el delito por el cual serán nuevamente acusados los cuatro detenidos sería por el delito de lesiones.
“Es una burla de la autoridad investigadora, al parecer se les olvidó el delitos de lesiones de los sobrevivientes y ahora buscan acusar a mi cliente nuevamente”, dijo ayer el abogado Jorge Vázquez Campbell, quien representa al extranjero Jeison Daniel.
La causa penal con el número 593/2023 se encuentra dentro de la carpeta de investigación FED/FEMDH/UIDPMCHIH0000310/2023, dijo el abogado.
Otro abogado consultado expuso que los cargos que enfrentan estas cuatro personas son homicidio y el ejercicio indebido del servicio público.
Aunque el desarrollo de la audiencia 216/23, contra las personas arriba citas y que incluye a Alan Omar P. V., guardia de seguridad de la empresa que prestaba el servicio al INM, se mencionó las lesiones que sufrieron los extranjeros, mismos que fueron enumerados uno por uno.
Vázquez Campbell dijo que el MPF omitió, por descuido, formular acusación por lesiones, sin embargo, se percataron de ello cuando se estaban cuantificando las cantidades por concepto de reparación del daño ya que no incluyeron a las personas que resultaron lesionados, solo a las víctimas fallecidas.
“Esto se debe a los errores del MPF, porque se fueron por los homicidios y no le hicieron caso a los lesionados, ahora están viendo que no pueden pagarles a los heridos, porque no se ejerció acción penal por lesiones”, indicó.
La notificación de la nueva formulación de imputación fue emitida el 29 de septiembre y los abogados la recibieron entre miércoles y jueves, según explicaron.
El Instituto Nacional de Migración admitió no haber entregado aún ningún apoyo a las víctimas directas e indirectas del incendio del pasado 27 de marzo en la estación migratoria provisional tipo B en Ciudad Juárez, en el que murieron 40 personas y otras 27 resultaron heridas.
A una solicitud de información mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el INM declaró que, al 25 de septiembre, “no ha entregado ningún ‘dinero a cada familia’”.
Precisó que la partida presupuestal 39401, “Erogaciones por resoluciones de autoridades competentes”, de la cual se obtuvieron los recursos, sufrió una adecuación para cubrir una parte de la reparación integral del daño.
El pasado 22 de septiembre, el titular de la dependencia federal, Francisco Garduño Yáñez, intentó librarse del proceso penal del que es objeto por la causa penal 237/2023 por ejercicio ilícito del servicio público derivado de las omisiones que llevaron al incendio, muertes y lesiones de personas migrantes en esta ciudad.
El argumento principal radicaba en que al comisionado le correspondía únicamente pagar 468 mil 225.41 pesos por los daños del inmueble siniestrado –la diferencia entre el costo del daño según un perito de la Fiscalía General de la República y un perito de la aseguradora del inmueble, Agroasemex–, sin mencionar la reparación integral de los daños en que se incluye a personas lesionadas y familiares de víctimas fatales, para lo cual Garduño Yáñez aseguró que se habían destinado 140 millones de pesos para los pagos correspondientes.
De ese dinero, dijo Garduño aquella vez, dispondría la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo que confirmó el INM en su respuesta a la solicitud de información tres días después.
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