La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJ) subrayó que el ministro Javier Laynez Potisek pretende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación “cambie criterios para favorecer a la oposición e invalidar plan B electoral”.
Esta tarde, el organismo jurídico manifestó la posición del Ejecutivo federal en un comunicado en el que se posiciona frente al proyecto del ministro instructor que propone la invalidación de la segunda parte de la reforma electoral aprobada hace unos meses por el Congreso de la Unión, en particular por los legisladores de Morena y sus aliados, con el rechazo de los partidos opositores.
En sus argumentos, la CJ remarcó que en caso que los ministros se pronuncien en favor del proyecto de Laynez, “la Corte se convertiría en juez”, pues el planteamiento del ministro es agregar circunstancias ajenas a las demandas de los partidos políticos.
“En su proyecto de sentencia, el ministro Laynez Potisek pretende incorporar un hecho no invocado por la oposición para invalidar el plan B electoral, lo cual vulneraría el principio de imparcialidad que debe regir el actuar de todo órgano jurisdiccional, tal y como lo dispone expresamente el artículo 17 constitucional”, argumentó esta oficina del Ejecutivo.
Agregó que el planteamiento de Laynez Potisek es declarar la invalidez total del decreto impugnado sin entrar a un verdadero estudio de fondo de las normas cuestionadas, “lo cual retrasa injustificadamente la necesaria transformación del sistema electoral mexicano”.
La CJ recordó que durante la sesión del pleno de la SCJN realizada el pasado 8 de mayo, el propio ministro Laynez defendió la imposibilidad de exigir al Congreso de la Unión una fundamentación o motivación precisa para la dispensa del trámite ordinario al afirmar: “…no podemos juzgar los méritos que la Cámara tenga para la urgente y obvia decisión”.
Sin embargo, enfatizó la Consejería Jurídica, el letrado ahora cambia su criterio sin exponer razón alguna.
“El ministro instructor refiere en su proyecto que hubo una confusión que impidió a los diputados de las minorías saber qué propuesta se estaba discutiendo. La confusión que atribuye a la oposición es una apreciación personal que no debería formar parte del análisis de la constitucionalidad de las normas impugnadas. Que los diputados de oposición no hayan puesto la debida atención a la publicación de la iniciativa y a la conducción de la mesa directiva a cargo del diputado Santiago Creel Miranda, no es razón suficiente para invalidar una ley aprobada por la mayoría del Congreso de la Unión”, remarcó la oficina del Ejecutivo.
Agregó que “para favorecer la pretensión de la oposición, el ministro Laynez Potisek convierte la decisión de los grupos parlamentarios minoritarios de no participar en el proceso deliberativo durante la aprobación de las reformas a las leyes electorales, en supuestas deficiencias del procedimiento legislativo para invalidar el decreto impugnado”.
Por ello, alertó que en caso de aprobarse el proyecto del ministro instructor, el máximo tribunal del país “se estaría transformando en una simple oficina de verificación procedimental al servicio de las minorías parlamentarias, y renunciaría a su papel de revisor constitucional de las normas, ya que nuevamente se rehusaría a estudiar el fondo del asunto, lo que implicaría anular la voluntad de la mayoría de la población que otorgó un mandato constitucional al Poder Legislativo para transformar el actual régimen electoral en beneficio del pueblo de México”.
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