La propuesta de modificación a la Norma Oficial Mexicana, ahora bajo el código NOM-001-SICT-2-2024, que busca integrar la tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) en las placas, calcomanías y tarjetas de circulación de vehículos en México, ha generado una amplia discusión debido a una serie de preocupaciones en torno a los posibles impactos en costos, transparencia y privacidad de datos.
Esta iniciativa, liderada por Javier Ulises Miranda Nieto, titular del Registro Público Vehicular, sugiere añadir chips de RFID y códigos QR en los elementos de identificación vehicular.
Sin embargo, especialistas en la materia han levantado banderas sobre el significativo aumento en los costos de producción que implicaría la adopción de estos chips, lo cual podría resultar en un incremento del doble en el precio de placas y documentos de circulación. Este sobrecosto, advierten, repercutiría directamente en los bolsillos de los ciudadanos y contribuyentes.
Asimismo, la seguridad de la información contenida en los chips RFID ha sido cuestionada. Expertos advierten que «la vulnerabilidad de los chips a ser hackeados y la posible extracción de datos constituyen un riesgo importante, pudiendo infringir la legislación vigente sobre protección de datos personales«.
La implementación de la nueva normativa requeriría que las entidades estatales y otros emisores de documentos vehiculares asuman los costos de adquisición de equipo especializado para el grabado de estos nuevos elementos.
Esta situación, según los críticos, no solo causaría inconvenientes y largas esperas para los usuarios, sino que también cuestionan la efectividad de los chips RFID frente a dispositivos capaces de interferir con su señal.
Por su parte, Miranda Nieto ha mencionado que la razón detrás de la inclusión de la tecnología RFID es atender las solicitudes de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad, aunque esta afirmación aún espera confirmación oficial.
La discusión sobre la adopción de la NOM-001-SICT-2-2024 es intensa, implicando a expertos, ciudadanos y autoridades en una evaluación profunda de sus beneficios frente a los posibles desafíos. La resolución final sobre la aprobación de esta actualización normativa es aún incierta, pendiente de un análisis exhaustivo y el consenso necesario para su implementación.
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