El Instituto Nacional Electoral (INE) acreditó que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se orquestó una red de corrupción para desviar recursos públicos desde la Secretaría de Hacienda hacia el gobierno de César Duarte, en Chihuahua, para después dispersarlos en empresas fantasma, pero consideraron que no había pruebas para acreditar que el PRI se benefició o el dinero terminó en sus campañas.
Después de más de cinco años de investigación, el Consejo General cerró la investigación del caso conocido como “Operación Safiro (saneamiento financiero)”, que, en una votación dividida y tras un debate de casi cuatro horas, determinó que no podían imponerle una multa al PRI porque no había suficientes elementos que comprobaran que el dinero terminó beneficiándolo.
La denuncia se recibió en 2017 tras darse a conocer en medios de comunicación este caso de corrupción, con transferencias desde la Secretaría de Hacienda. a cargo de Luis Videgaray, mediante el “Fondo para el Fortalecimiento” hacia la secretaría local de Chihuahua durante el gobierno de César Duarte, acreditando que el secretario del PRI, Alejandro Gutiérrez, era socio de las empresas que recibían los recursos a nivel estatal y que a su vez, lo transferían a otras sub empresas, todas con los mismos socios, algunos militantes priistas.
La consejera Claudia Zavala y sus pares Jaime Rivera, Ciro Murayama y Martín Faz no estuvieron de acuerdo con la determinación de no sancionar, pues consideraron que es incongruente con las multas que han aplicado en otros casos donde no se tienen pruebas concretas, pero sí indicios evidentes de que los partidos se benefician.
“El criterio de mis colegas es acreditar que no hay prueba alguna de que el dinero terminó en las arcas del PRI, lo que no es consistente a casos anteriores”, sostuvo Murayama.
Mientras Claudia Zavala replicó que “si bien no hay una prueba clara, en otros casos no los hemos tenido y hemos podido acreditar que hubo un beneficio. En este caso, hay empresas fachada y vínculos con el Partido Revolucionario Institucional. No debemos tolerar este tipo de acciones porque creo que sí hay indicios de que hubo beneficio ilícito hacia el PRI.
“Nadie va ante notario público a decir que va a infringir la ley, si vamos a decir que es infundado, díganme por qué la acreditación de dos militantes del PRI con empresas fachada y exprofeso ¿Por qué se desvanece? ¿Por qué la eficacia probatoria de esos indicios no cobra relevancia? Estoy convencida de que la infracción está acreditada y no voy a acompañar este tipo de casos”.
Zavala recordó que lo mismo pasó en casos como Texcoco o Pemexgate, cada uno con ciertas pruebas para acreditar el desvío. Y en esta coyuntura, se tienen empresas y sub empresas interconectadas entre sí, que operaban de manera organizada para recibir estos recursos públicos.
“Claro que hay indicios, de que los hay, hay, que los evaluamos diferente es otra cosa, pero a mí esos indicios me llevan a la prueba plena de que claro que hubo recursos que beneficiaron al PRI con un modus operandi”.
En lo que coincidió el presidente de la Comisión de Fiscalización, el consejero Jaime Rivera, quien señaló que “efectivamente ocultaron el dinero y lo ocultaron muy bien porque no se encuentra su destino y fue en tiempos de campaña electoral en Chihuahua”.
Sin embargo, el resto de las consejerías consideraron que no había pruebas y aprobaron el proyecto que rechazaba imponer sanciones.
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