A partir de las elecciones de 2024, las personas que estén en prisión preventiva en todo el país, podrán votar sin obstáculos dentro de los centros penitenciarios.
La Junta Central Electoral (JCE) y la Fiscalía General de la República (FGR) firmaron desde mayo un acuerdo de cooperación que busca establecer el voto de presos preventivos en las elecciones generales de 2024.
Mediante el convenio el órgano electoral y del registro civil proveerá equipos para el empadronamiento y la actualización de información biométrica en los centros de reclusión, así como el uso del sistema multibiométrico en los procesos de consultas e identificación de personas, imputación y privados de libertad.
Todavía no hay una fecha establecida para emitir el voto desde prisión, pero se prevé que sea dentro del período del voto anticipado que también se va a aplicar a partir de este proceso electoral
De acuerdo con el procedimiento que se llevó a cabo durante la prueba piloto en 2021, a cada reo en prisión preventiva se le entregará una boleta para la elección de ayuntamiento y otra para la de diputados, según con el distrito electoral local y federal al que pertenezcan.
La primera prueba piloto la organizó el Instituto Nacional Electoral (INE) en 2021 en cinco Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) del país, uno por circunscripción plurinominal.
En la jornada, el estado resaltó en el número de participación que se alcanzó.
En Chihuahua, de los 149 prisioneros que podían votar, 136 lo hicieron. En el ejercicio, en tres entidades se emitieron la mayor cantidad de votos: Guanajuato con 149, Chihuahua con 136 y Sonora con 115.
Incluso, el Distrito Electoral 01 Juárez, fue la demarcación por la que se emitieron el mayor número de votos totales, con 34, indicó el Informe Final de la Prueba Piloto del Voto de las Personas en Prisión Preventiva del INE.
Para 2022, se llevó a cabo la segunda prueba piloto para la elección de la gubernatura en Hidalgo, en esta ocasión se determinaron cuatro Centros Estatales de Readaptación Social como viables, también en jornada de votación anticipada.
Desde 2021 a la fecha se han presentado ocho iniciativas en el Congreso para reformar el artículo 38 constitucional, a fin de reconocer el derecho al voto de las personas privadas de su libertad que no han sido sentenciadas por un juez.
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