Luego de que los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) impugnaran una resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que le permite a Andrés Manuel López Obrador hablar del “Plan C” en plataformas oficiales, la magistrada Janine Otálora Malassis presentó un proyecto para implementar medidas cautelares contra el presidente.
Su iniciativa, de acuerdo con información de la periodista Jannet López Ponce, contempla que el mandatario federal “se abstenga de realizar expresiones y declaraciones de índole electoral” con el objetivo de que en los espacios de comunicación oficial no se promuevan actos que atenten contra los principios de imparcialidad y neutralidad.
Inicialmente, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE había considerado que las acciones de López Obrador al pedir que la gente vote por “carro completo” en favor de su partido en 2024 (lo que se conoce como el “Plan C”) no representaba un riesgo para tal proceso electoral.
Sin embargo, el PAN, PRD y MC acusaron que no se había hecho un análisis suficientemente exhaustivo, por lo que el tema pasó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Ante tal escenario, la magistrada Otálora planteó revocar los criterios del INE y propuso:
– Declarar procedente la adopción de medidas cautelares contra el presidente.
– Que en un plazo no mayor a 24 horas a partir de la sentencia, AMLO elimine todas las publicaciones audiovisuales y estenográficas de las conferencias “mañaneras” del 9 y 11 de mayo de 2023.
– Que la Presidencia y su titular se abstengan “de presentar, difundir, publicar y poner a disposición de la señal satelital […] Cualquier manifestación en la que llame a votar y no votar por un determinado ente político”.
– Que no se utilicen recursos públicos, por parte del Ejecutivo Federal, para propaganda con fines electorales.
Entre las instancias gubernamentales vinculadas en el proyecto de Otálora Malassis que tendrían que cumplir con dichas medidas, en caso de que se apruebe, también están la Consejería Jurídica de Presidencia, el titular de la Coordinación General de Comunicación Social —es decir, Jesús Ramírez Cuevas— y el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie).
Si se da luz verde a este proyecto y el presidente no acata dichas medidas, la magistrada contempló que la Comisión de Quejas podrá, de manera directa, “ordenar a cualquier concesionaria pública o privada el cese de cualquier transmisión o difusión de programas, spots o materiales de video o audio violatorios”.
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