Una investigación académica basada en entrevistas en el penal estatal ubicado en esta frontera encontró que, en lugar de lograr la reinserción, el internamiento en dicha instalación es un “proceso contaminante y de empeoramiento conductual” de los reclusos.
Uno de los motivos, explican los autores en un artículo difundido este mes, es la práctica de separar a los reos por grupo criminal y no por delitos.
“La segregación de la población penitenciaria por grupo delictivo o pandilla –y no por delito– es el mayor obstáculo para el interno en el tratamiento y posterior proceso de reinserción social, generando el crecimiento del sistema criminal al interior”, indica una de las conclusiones.
“Todo lo anterior conduce a un empeoramiento en la conducta del interno, debido a la convivencia con personas de su mismo grupo, pero recluida por diferente delito y que puede desencadenar en la adhesión del interno a un grupo delictivo. El proceso de internamiento, en vez de transformar, ‘contamina’ la vida del interno”, agrega.
El artículo se titula “Análisis y evaluación del programa de reinserción social de la prisión en Ciudad Juárez, México” y aparece en el número correspondiente al primer cuatrimestre de 2024 de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“En primer lugar, se identifica un empeoramiento de la conducta propia –entendiendo este concepto como mayor agresividad, mayor conocimiento delictivo y perfeccionamiento del crimen a causa del ingreso– al estar expuestos a un sistema penitenciario nocivo”, dice.
“La corrupción, el hacinamiento, la segregación de internos, la negligencia de los gobiernos y la mala política y/o legislación en materia de reinserción social se suman a la crítica foucaultiana, evidenciando no sólo los problemas en referencia al poder, sino también a la gestión penitenciaria”, agrega.
Los autores son Esteban Buch Sánchez, doctor en Trabajo Social y docente de la Facultad de Teología de la Unión Evangélica Bautista de España (FTUEBE), así como Esteban Sánchez Moreno, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
En el texto, con datos de 2015 a 2020, los autores indican que la violencia en esta frontera lejos de ser erradicada va en aumento y que hay una falta de estudios de la “prisión como problemática en sí misma o como promotora de problemáticas sociales relacionadas con la pos liberación de internos”.
La metodología, agregan, consistió en entrevistas biográficas a personas privadas de su libertad en el Centro de Reinserción Social Estatal número 3 –ubicado en la zona sur de esta frontera– y en profundidad con profesionales implicados en el tratamiento.
“No se rehabilita la banda porque ya están bien… malandros. Lo que hacen es más bola para cuando salgan haya bola fuera y empiecen a mandar dinero para dentro (…) Entras, aprendes, sales, generas y ganan”, dice uno de los reos citado en el artículo.
Otros elementos detectados por la investigación como factores de reincidencia son la corrupción al interior del penal y la falta de seguimiento institucional a los casos.
“El empeoramiento de la conducta como resultado de estos factores internos; ya sea por protección –adhesión a grupo delictivo como protección transitoria en el penal–, corrupción institucional o por la convivencia con todo tipo de sentenciados y/o grupos delictivos, el interno se ve expuesto a estos factores que hacen que su conducta se vaya modificando, repercutiendo en su proceso de reinserción”, dice otro de los resultados.
Jorge Armendáriz, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) –que administra el Cereso 3–, no respondió ayer llamadas de este medio.
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