Cuatro exregidores de la administración del exalcalde Armando Cabada resultaron inhabilitados por un año por supuestos desvíos de recursos públicos llevados a cabo en 2018 al aprobar dictámenes de Transferencia de Potencial Urbano, resolvió la Sala Cuarta Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas.
Los exediles implicados son Enrique Torres Valadez, Alfredo Seáñez Nájera, Carlos Ponce Torres y José Guadalupe Ávila Cuc, quienes integraban la Comisión Revisora de Fraccionamientos y Condominios.
Torres Valadez aseguró que apelarán la decisión del tribunal.
“Se va a apelar la sentencia, y si siguen confirmándose los datos, nos vamos a ir al amparo”, anotó.
En contravención de la Ley de Asentamientos Humanos
La denuncia la interpuso la agrupación civil Plan Estratégico de Juárez (PEJ), debido a que los acusados autorizaron la Transferencia de Potencial Urbano de diversos desarrollos habitacionales en contravención a las normas jurídicas aplicables, particularmente las disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos relativas al equipamiento urbano y a las áreas de donación que los fraccionadores están obligados a transmitir de forma gratuita al Municipio, explicó Claudia Arreola, de PEJ.
Cuando un fraccionador desarrolla un proyecto habitacional, está legalmente obligado a ceder de forma gratuita al Ayuntamiento un porcentaje de la superficie del terreno para infraestructura, equipamiento y áreas verdes de uso vecinal o sectorial.
Sin embargo, lo que se hizo desde la administración de Cabada es que cuando los nuevos desarrollos se ubicaban en áreas consolidadas, en lugar de donar el predio al Ayuntamiento, se asignó el valor del terreno para llevar a cabo obras de infraestructura urbana en otros sectores de la ciudad.
Algunos de esos proyectos aprobados en este esquema de Transferencia de Potencial Urbano son pavimentación de calles, rehabilitación de parques y obras en escuelas públicas, entre otros.
“Los regidores permitieron que el Municipio dejara de recibir bienes que le correspondían por ley, lo que el tribunal calificó como desvío de recursos públicos en perjuicio del equipamiento urbano de los sectores habitacionales involucrados”, expuso Arreola.
De esta forma la Sala resolvió inhabilitar a los cuatro exediles para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un año.
El exregidor Enrique Torres expuso que básicamente de lo que los están acusando es de haber autorizado que la Transferencia de Potencial Urbano se utilizara en diferentes lugares que no eran de la zona del fraccionamiento o sectores vulnerables.
Acusan falta de detalles en la resolución
“Es una resolución que no está apegada a derecho, no te dice cuánto dinero es ni las obras, y no se verifica si se hicieron o no las obras”, aseguró.
A su vez, el presidente municipal en funciones, Héctor Ortiz Orpinel, afirmó que el Ayuntamiento dejó de aplicar desde este año la herramienta de Transferencia de Potencial Urbano o Cesión Gratuita en Especie.
“A raíz de lo que dijo la Suprema Corte, en ese sentido estamos ajustando nuestra normatividad, y ya estaremos presentando más adelante la manera en que vamos a trabajar este tema”, afirmó.