El gobierno chileno declaró este jueves una “alerta roja” en las regiones del Biobío y de la Araucanía, como respuesta a la oleada de sabotajes y ataques incendiarios que lanzaron desde hace semanas diversas organizaciones insurgentes mapuche y que, lejos de disminuir, parecen ir al alza y con mayor violencia.
La “alerta roja”, según precisó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, implica el envío de más equipo militar, particularmente blindados y helicópteros, e incrementar el despliegue de tropas para realizar más controles y fiscalizaciones en calles y carreteras, pero negó que vaya a aumentarse el contingente de 3 mil efectivos que allí operan.
También anunció la instalación de una segunda base militar al interior del territorio mapuche.
“Hay otras medidas de seguridad que se van a implementar, pero que no las vamos a compartir, justamente porque son medidas que tienen que ver con la seguridad y que no pueden ser conocidas públicamente”, afirmó.
Durante la semana, los subversivos cortaron una línea férrea que es utilizada por la industria forestal, su principal objetivo, y continuaron incendiando maquinaria y vehículos empleados por aquella; atacaron a balazos un vehículo municipal en la localidad de Victoria, un cuartel policial y la vivienda familiar en la comuna de Ercilla del agricultor Héctor Urban, electo consejero constitucional el domingo por el ultraconservador Partido Republicano, la camioneta en que viajaba el padre de éste.
La ofensiva insurgente ocurre pese a que desde hace un año ininterrumpidamente el gobierno de Gabriel Boric aplica un estado de excepción acotado y la presencia de tropas, por lo cual desde sectores empresariales y políticos se cuestiona su efectividad y se reclama el Estado de Sitio junto a una arremetida militar.
“Entendemos que muchos no se explican que, habiendo un estado de excepción se sigan produciendo hechos de violencia. Pero eso vuelve a mostrar la complejidad del desafío que el Estado chileno tiene para garantizar la paz, cuando hay grupos organizados, que no están dispuestos a respetar la institucionalidad y la vida de las personas, y hacen uso de las armas de fuego para agredir y eventualmente, para asesinar”, dijo Monsalve, agregando que “estamos obligados a revisar y fortalecer todas las medidas para evitar que estos hechos ocurran”.
Los mapuche reclaman la devolución de sus territorios ancestrales arrebatados por el Estado chileno y la obtención de formas de autonomía.
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